Por cuarta vez, en solo 8 meses de gobierno, el presidente Sebastián Piñera ha llegado a La Araucanía. El viernes 23 a las 9:41 bajó del avión de la Fuerza Aérea que lo trasladó a Temuco junto a sus ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de Desarrollo Social, Alfredo Moreno. Allí mismo abordaron un helicóptero de Carabineros que los trasladó a Angol donde se reunieron con dirigentes mapuche y de organizaciones locales, además del obispo de Temuco, Héctor Vargas, sdb. ¿El motivo de este nuevo viaje? La efervescencia social que ha provocado la muerte de Camilo Catrillanca por un disparo de Carabineros recibido por la espalda y la seguidilla de contradicciones en las informaciones entregadas por el General Director de esa policía y por el Ministro del Interior.
En la sede de la Gobernación de Malleco, en Angol, Piñera y sus ministros se reunieron con autoridades del gobierno regional y el obispo Vargas quien, al término del encuentro dijo que, desde su condición de pastor, “más allá del doloroso momento que vivimos a causa de la muerte del joven Catrillanca, las complejas situaciones derivadas por el accionar de la fuerza pública y la renuncia de autoridades, me pareció oportuno hacer presente algunos temas relacionados con el fondo del actual conflicto”. El primero que señaló es “la necesidad de enfrentar tanto las históricas demandas del pueblo mapuche como la pobreza, baja inversión y productividad, la violencia de la Región, desde una política de Estado”.
También indicó la conveniencia de avanzar en la “política pública indígena como son el Reconocimiento Constitucional, el Ministerio de Consejo de Pueblos y la participación política que puedan institucionalizar la representatividad y efectividad de los diálogos y las exigencias de una auténtica interculturalidad”, informó el obispo. Finalizó enfatizando que de los más de 300 proyectos del Plan Araucanía, se debe priorizar “aquellos más sensibles y urgentes en el alma de la Región, con el fin de construir un futuro de paz en la justicia para todos”.
En relación a la muerte de Catrillanca, Vargas aseguró que “nadie va a estar tranquilo hasta que se tenga la verdad de lo ocurrido”, agregando que es necesario recuperar la confianza en las instituciones, en referencia a las irregularidades que involucran a Carabineros.
En julio del 2015 la presidenta Michelle Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía y nombró al obispo de Temuco, Héctor Vargas, como su presidente, cargo que él describió como “facilitador del diálogo”. Seis meses después, en enero 2016, esa Comisión entregó su Informe a la presidenta en cuya presentación Vargas señala que su finalidad era abordar la “compleja y delicada situación” de la región. Precisa tres ámbitos en los que, dice, “se concentran la mayor parte de los desafíos más serios y urgentes”.
Ellos son “la deuda histórica con el pueblo mapuche, la situación dramática de las víctimas de la violencia rural, y los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la Región más pobre del país. Se ha venido generando así, una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente”. El trabajo de la comisión no fue fácil ni aceptado por todos. 15 comunidades mapuche de la zona expresaron su rechazo, en un comunicado difundido a los pocos días de su constitución.
“Las comunidades mapuche en resistencia, expresa el comunicado, no vamos a adherirnos a ninguna mesa de diálogo que el Gobierno de Bachelet intente establecer en la región para resolver un conflicto que en su origen es responsabilidad del propio Estado chileno”. Y agregan que quienes integran esa comisión “no garantizan un resultado favorable para nuestra Nación. Como lo es la iglesia católica y las empresas forestales. La Iglesia católica no puede buscar ser un articulador de diálogo, como si tuviera las manos limpias; ya que no reconoce su pasado oscuro, su historia y la responsabilidad que tiene en todos estos asuntos. Es de público conocimiento que la iglesia católica ha respaldado las políticas represivas del gobierno, bendiciendo todos los carros blindados que reprimen indiscriminadamente a las comunidades mapuche” dice el comunicado que también acusa a las empresas forestales.
Pese a esto, el Informe de la Comisión Asesora Presidencial expresa que “frente a un contexto regional convulsionado, siguiendo las huellas de valiosas iniciativas similares anteriores, con sencillez hemos considerado necesario aportar a este proceso histórico con las presentes reflexiones y propuestas, poniendo a disposición del Gobierno y Estado, como de la sociedad regional, este Informe”. Llama a la construcción “de una Región pluriétnica y pluricultural, que requiere pasar a la “interculturalidad”, y “reconocernos en nuestra esencia y derechos, pero también respetarnos, valorizarnos, interactuar y enriquecernos mutuamente en lo que somos, sentimos y aspiramos para iniciar un camino de reconciliación y reencuentro, en la paz y justicia para todos en La Araucanía”.
El Informe ofrece más de 60 medidas agrupadas en tres ámbitos: reparación de víctimas de la violencia en la Región; participación, reconocimiento y nuevas formas de reparación de los pueblos indígenas; y de desarrollo productivo regional y territorial.
Pese a la buena acogida que tuvo en todos los sectores, las propuestas de este Informe no se llevaron a la práctica y al cabo de un año, cuando asume Piñera la presidencia, su ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, lidera un proceso para elaborar el “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía”, con participación de organismos locales de la Región y varios ministerios del gobierno central. En septiembre pasado fue entregado al presidente. Sus contenidos están agrupados en tres principios: voluntad de diálogo, acuerdo y búsqueda de paz; reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural (comprende reconocimiento Constitucional, institucionalidad indígena y representación política; y desarrollo territorial indígena); y desarrollo integral e inclusivo para la región en un Plan Impulso Araucanía 2018-2026.
El mismo informe responde qué es lo diferente esta vez. Lo primero, dice, la urgencia de hacerse cargo: “La tarea es elaborar un plan de acción que debe priorizar estratégicamente las acciones y asegurar una ejecución correcta del plan sin perder más tiempo”. “En segundo lugar, este Acuerdo Nacional busca disminuir brechas y preparar la región para avanzar hacia un desarrollo integral e inclusivo, tomando en cuenta las diferencias culturales que la caracterizan. Las raíces históricas de la región encierran conflictos e injusticias, que se han ido corrigiendo de manera gradual pero todavía insuficientemente. Aún no se ha logrado una respetuosa y valiosa convivencia intercultural, reconociendo y valorando nuestras diferencias”, afirma el informe.
La alevosa muerte de Camilo Catrillanca, envuelta en confusas declaraciones de las autoridades policiales y políticas, no sólo enluta a su familia y comunidad, ni solo aumenta la tensión en el sector de Temucuicui, tampoco solo genera un difícil momento político en el país, sino también echa por tierra los esfuerzos avanzados para poner en marcha un Plan Araucanía, fundado en los informes de las comisiones presididas por el obispo Vargas y el ministro Moreno.
Al día siguiente de la visita de Piñera a La Araucanía, loncos y dirigentes mapuche se reunieron en la comunidad de Temucuicui. Criticaron la política del gobierno y aseguraron que “hoy no existen las condiciones para iniciar un dialogo, mientras el gobierno persista en su política represiva y el Plan Araucanía solo busca favorecer al empresariado”, señalan en la declaración pública difundida al término de la reunión.