Después de 30 sesiones de juicio en el caso de los ‘Miguelianos’, el Ministerio Fiscal considera probada la “estructura” sectaria del grupo, así como los delitos de abusos cometidos por Miguel Rosendo, según informa Europa Press. Además, la acusación particular entiende que Miguel Rosendo, líder y fundador de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, actuó con una “conducta criminal” hacia sus seguidores.
El tribunal dictará sentencia antes del 11 de diciembre, si bien aun está pendiente la intervención de la defensa. El mismo día 11 de diciembre se cumplirán cuatro años desde que Rosendo entrase en prisión preventiva. De no disponer entonces de sentencia, el acusado saldría en libertad provisional.
Ante los delitos de abuso y agresión sexual, el Ministerio Fiscal ha afirmado que su deber es “defender la dignidad humana aunque la víctima no lo reconozca”, así como que no se puede “mirar para otro lado” ante episodios que evidencian la “falta de capacidad crítica” y el alto “nivel de sugestión” de los miembros de la Orden.
Juan Pablo Martínez, fiscal de la causa, ha indicado que los miembros de los ‘Miguelianos’ vivieron un proceso de “despersonalización” que impedía que se hiciera “nada sin el consentimiento” del líder. Martinez ha apostillado, además, que este proceso es “propio de una estructura” de “asociación ilícita” por medio del cual se fue “fraguando la docilidad de las víctimas” con un sistema de “premios” y “castigos”. De hecho, varios testimonios han afirmado que Rosendo llegó a ser una persona “imprescindible” para ellos.
Ana Reguera, abogada de la acusación particular en representación de familiares y exmiembros de la Orden, ha subrayado que Rosendo “se apropió de las mentes de los miembros del grupo por medio del engaño espiritual”, así como por “una sucesión de episodios fantasmagóricos” que fueron asumidos por las víctimas “sin cuestionárselos”.
La hermana de la número dos de Rosendo explicó durante el juicio que “tienes la sensación de que las decisiones las tomas tú”. Por otra parte, el fiscal ha expuesto algunos ejemplos de las “técnicas de persuasión coercitiva” que llevó a cabo Rosendo, como “broncas” y “batallas”, pero también “humillaciones”, “insultos” y “agresiones” físicas. De la misma manera, Martínez ha señalado que las dos mujeres que ejercían de “bastones” del líder vivieron situaciones que rozaban la “esclavitud“.
Por un delito de asociación ilícita, 12 delitos contra la integridad moral, cinco de coacción y tres contra la libertad sexual, incluido uno de agresión sexual continuada y otros dos de abuso continuado, la fiscalía pide 66 años de prisión para Miguel Rosendo.
Por otra parte, solicita dos años de prisión por asociación ilícita para Ivana Lima, Belén Esmerodes, José Carlos Acevedo e Iria Quiñones. Sin embargo, para Esteban Riobó y Dolores Espiñeira, acusados también considerados víctimas, la fiscalía ha reducido la petición de pena a 11 meses de prisión y una multa de 2.160 euros. De la misma manera, Martínez ha solicitado que sean asistidos psiquiátricamente así como que se aplique la “libertad vigilada”, ya que considera que sus capacidades de decisión y voluntad aun podrían estar comprometidas.
Martínez ha señalado también la “actitud pasiva de la Iglesia” para justificar la responsabilidad civil subsidiaria del Obispado de Tui-Vigo, bajo cuyo mandato actuaba y dependía la Orden. Además, ha subrayado esta “pasividad” al no llevar a cabo una investigación cuando en 2006 la madre de un miembro de la Orden alertó al obispo Luis Quintero Fiuza, de “comportamientos raros” en el grupo.