A causa de los permanentes abusos de los que son víctimas las comunidades indígenas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales, de grupos irregulares de la guerrilla y del hampa común, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en Venezuela junto al Consejo Misionero Nacional de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) denunciaron esta situación a través de un comunicado a la opinión pública reproducido en la cuenta de Twitter @CEVmedios.
Jonny Eduardo Reyes, obispo del Vicariato apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la Comisión Episcopal de misiones, indígenas y afrodescendientes, y José Ángel Divasson, obispo emérito del Vicariato apostólico de Puerto Ayacucho y presidente de la REPAM Venezuela repudiaron los hechos de violencia vividos por “nuestros hermanos del Pueblo Pemón en Canaima, en el estado Bolívar, y los graves acontecimientos sucedidos en la comunidad de Picatonal en el estado Amazonas”.
El último hecho de sangre ha ocurrido el pasado sábado 8 de diciembre, y cobró la vida de Charlie Peñaloza Rivas, de la comunidad indígena de Canaima, dejando heridos a otros dos indígenas de la etnia Pemón. Ante esto, la Iglesia expresó enérgicamente: “¡Basta de irrespeto a los indígenas! Los indígenas son tan venezolanos como cualquier otro venezolano”.
“El irrespeto no es nuevo, sino que se viene dando constante y sistemáticamente, a pesar de las leyes existentes”, se afirma en el comunicado, agregando que “el indígena es de naturaleza pacífica y da siempre muestras de paciencia, pero se ha venido cargando de indignación y rabia, ante las continuas formas de irrespeto a sus más elementales derechos”.
Son muchos los problemas que afectan a las poblaciones indígenas de los territorios del sur del río Orinoco, en donde “la minería ilegal, con todas sus prácticas asociadas, de contrabando de gasolina, prostitución, contaminación, violencia armada y organizada, y mafias económicas, genera un ambiente de profunda degradación humana”.
Desde la REPAM y el Consejo Misionero Nacional se denuncia que la situación se torna más grave aún “cuando las propias autoridades que deben poner un límite y control a las actividades ilícitas, pareciera que las aúpan y algunos de sus miembros hasta participan en ellas de modo abierto e irrespetuoso”.
La pobreza y el abandono son factores que obligan a los indígenas “a participar en acciones que destruyen y socavan su dignidad” frente a la voracidad de la minería ilegal y el contrabando. Por ello los obispos hacen un llamado a acabar con estas actividades para “promover en aquellos territorios formas de desarrollo menos agresivas contra el medio ambiente y contra la dignidad de los pueblos que los habitan”.
En un mensaje de aliento a los indígenas de comunidades cristianas y a los misioneros, piden anunciar la Buena Nueva para todos los pueblos. Es imperativo exigir “justicia y respeto a todos los hermanos indígenas, especialmente para con aquellos que sufren el peso de la exclusión y el irrespeto continuo, así como con los que viven el dolor por la pérdida de sus familiares”.
Los prelados condenan la violencia de Estado que “maltrata la dignidad de los pueblos indígenas y les arranca vidas por el afán de dominio territorial y de aprovechamiento ilícito de las riquezas de esas tierras ancestrales.”
Ante esto solicitan a las autoridades competentes que “se haga luz sobre las acciones de violencia sucedidas en Canaima y en otras zonas indígenas del país, y se juzgue a los responsables” e invocando la protección de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, piden por una nación en paz donde todos tengamos lugar.