“Tenemos previsto actualizar los protocolos de 2010”. Así lo indica a Vida Nueva una fuente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Y es que, tras la cumbre de superiores mayores para “abordar la problemática de los abusos a menores por parte de sacerdotes y religiosos”, celebrada el pasado 11 de diciembre, se espera una revisión de estas directrices de hace ocho años. “No pretendemos ser pioneros, sino trabajar de la mano del Papa y de la Conferencia Episcopal”, explica. Por eso, el primer encuentro de este mes no va a quedar ahí, sino que se espera volver a concretar una reunión tras el encuentro para el que Jorge Mario Bergoglio ha llamado a los presidentes de las conferencias episcopales a Roma del 21 al 24 de febrero.
“El encuentro del pasado 11 de diciembre respondía al clima generado y, aunque no hay un calendario establecido, habrá más encuentros”, recalca la misma fuente. No obstante, el siguiente será tras la cumbre antiabusos de Roma, puesto que “no queremos adelantarnos al Papa. Además, sabemos que aunque no salga un documento de esa reunión con los obispos, sí que habrá propuestas y líneas de acción”. En el mismo sentido se han expresado los obispos, que, de boca del nuevo secretario general, Luis Argüello, han mostrado su disposición de asumir cualquier “revisión” de los casos de abusos por parte del clero en el pasado, si así lo dispone el Papa, como reconocía el auxiliar de Valladolid en una entrevista con Europa Press el 13 de diciembre.
Pasos conjuntos con el Papa y los obispos
Por su parte, desde CONFER hacen hincapié en que, “aunque no nos reunamos estos dos meses, no quiere decir que nos hayamos olvidado del tema. De hecho, es una realidad que las congregaciones están intentando dar respuestas”. Ejemplos son la investigación de abusos que han comenzado los jesuitas en Cataluña para conocer datos desde los años 60 hasta hoy, o el acuerdo de colaboración de los claretianos con la Universidad Gregoriana para implantar un Curso de Protección de Menores que se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2019. Asimismo, los religiosos españoles también están pendientes de los pasos que se dan en la Comisión creada por la Conferencia Episcopal Española en septiembre, y de la que forma parte el asesor jurídico de CONFER, el jesuita Miguel Campo.
Como ya reconoció CONFER en un comunicado hecho público el 14 de diciembre, “es un deber manifestar una palabra pública ante la gravedad de los hechos”. Según explican, son hechos “doblemente graves”: “ante las leyes civiles y la sociedad, pero más aún ante la Iglesia, en cuanto han sido cometidos por personas que gozaban de la confianza de los padres, los mismos niños y jóvenes y de la comunidad eclesial”. Además, “suponen una conducta en flagrante contradicción con el testimonio que exigía esa confianza fundada en su condición de sacerdotes o religiosos”.
