Los obispos panameños reiteran su apoyo a los productores nacionales de alimentos y exhortan al gobierno a un diálogo nacional

Ante el aumento de los niveles de violencia que ha desatado el conflicto de productores del agro y de la ganadería de Panamá con el gobierno, el comité permanente de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) manifestó públicamente su preocupación exhortando a las partes a restablecer los caminos de diálogo “en medio de todas las diferencias” como uno de los principales caminos para “lograr consensos y la paz”. 

Así lo hizo saber en un comunicado el arzobispo de la ciudad de Panamá, José Domingo Ulloa, presidente de la CEP, suscrito también por el cardenal José Luis Lacunza, obispo de David, por el obispo de Colón-Kuna Yala, Manuel Ochogavía, secretario general de la CEP, y el obispo de Chitré, Rafael Vadivieso, vicepresidente de la CEP.

Peligra la producción nacional

Desde mediados de 2018 los productores locales denuncian un incremento de las importaciones por parte del gobierno Juan Carlos Varela, a lo que se suma la total ausencia de políticas para  el desarrollo del sector rural, la inestabilidad del mercado interno, los altos costos de insumos para la producción, la escasa dotación de recursos para investigación, entre otros, que atentan contra el mercado nacional de producción de alimentos.

La Asociación Nacional de Porcinocultores, en entrevista al diario El Siglo, señaló que “entre los años 2014 y 2017, la política de administración de tratados de libre comercio, ejercida por el gobierno nacional, ha permitido que las importaciones se hayan incrementado más del 200%, para desplazar el equivalente del 25% de la producción local”.

Se ha puesto el capital por encima de la persona

Frente a este delicado escenario que ha recrudecido en los últimos meses, los prelados panameños evocaron el pronunciamiento de julio de 2018, en el marco de su asamblea, en el que abordaron expresamente la situación, adoptando una posición a favor de los productores del campo.

En ese entonces denunciaron que el proceso de apertura económica por parte del gobierno afecta sobremanera a los productores locales quienes han quedado desamparados porque se “ha puesto el capital por encima de la persona, produciendo un abandono de la tierra y la pérdida de la cultura del trabajo”.

Invitamos a un amplio debate

La situación “representa para el país una gran inseguridad a futuro”, manifestaron los obispos con relación a la soberanía alimentaria del país, por lo cual invitan, una vez más, a  “un amplio debate nacional junto con el reto ético que plantea el tema de las normas de calidad de los alimentos, incluidos los de importación, las que deberían ser más rígidas”.

“Las consecuencias de muchos años de atraso en el campo, en donde todos, de algún modo, somos responsables, son la pobreza, el abandono y el deterioro del medio ambiente,” señalaron.