El Gobierno de Pedro Sánchez dio ayer, 28 de diciembre, luz verde a la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Como adelantó el pasado día 26 en exclusiva Vida Nueva, El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto que, entre otras medidas, amplía el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual contra menores hasta, al menos, que la víctima cumpla 30 años -ahora se sitúa en los 18 años-.
La idea de acometer un cambio legal para alargar el tiempo de prescripción de estos delitos fue avanzada hace unos meses por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien trasladó al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que el Ejecutivo modificaría la ley para que los delitos de abusos sexuales a menores fueran “imprescriptibles”.
Aunque se estimaba que el plazo de prescripción empezase cuando la víctima cumpliera 50 años, como habían pedido las ONG, finalmente, el tiempo empezará a contar cuando la víctima cumpla los 30.
Obligatoriedad de denunciar
La ley incorpora el deber de cualquier persona de comunicar indicios de delito y se garantizará confidencialidad y anonimato.
Asimismo, los centros educativos tendrán que diseñar un protocolo frente a la violencia, que será de “obligado cumplimiento”, además de nombrar a un responsable cuya actividad será supervisada por las comunidades autónomas. También deberán desarrollarse protocolos con este fin en el ámbito de los servicios sociales, sanitario y deportivo.
En la redacción de la futura norma han contribuido decenas de entidades y profesionales de distinto signo y ámbitos como la escuela, la psicología y la judicatura. Sin embargo, Vida Nueva ha constatado que dos han sido las entidades que han llevado el peso principal: Save the Children y la Universidad Pontificia Comillas. De esta manera, la Iglesia, a través de la Cátedra Santander de Derechos y Menores del centro jesuita, ha participado de forma activa en el borrador de un proyecto que buscar dar una mayor protección y cobertura a las víctimas.
El Ejecutivo quiere dar un trámite de urgencia a la Ley para que pueda estar aprobada entre marzo y abril.
Portada del primer número de 2019 de la revista Vida Nueva
