Abusos a menores: su hijo está en peligro (aunque no vaya a misa)

Hace unas semanas en Madrid, Save The Children visibilizó el drama de los menores víctimas del abuso sexual con una acción que no pasó desapercibida para todos aquellos que pasaban en ese momento ante el Congreso de los Diputados. En plena Puerta de los Leones, se representó a escala real la habitación de un niño que fue violado durante años por su padre y su entorno. En él, el pequeño mostraba un dantesco espacio tomado por todo tipo de monstruos, fantasmas, cadáveres y piojos. Un horror resumido en un cartel con un contundente mensaje: “No es una pesadilla, es mi realidad”.

De este modo, la entidad reivindicaba lo inaplazable que es en nuestro país una Ley Integral de Violencia Contra la Infancia. Y es que, según los últimos datos disponibles, de 2017, ese año se interpusieron en España 4.542 denuncias por delitos de violencia sexual contra menores de edad. Yendo más allá, la entidad alertaba de que entre un 10% y un 20% de nuestra población ha sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia. En el peor de los casos, eso supondría que uno de cada cinco españoles habría sido víctima de pederastas.

Aunque este fenómeno apenas se aborda en la opinión pública y existen pocos datos verificables, hay rendijas de luz como la protagonizada en 2012 por la psicóloga María Isabel Martínez Pérez, que publicó ese año el libro ‘Abusos sexuales en niños y adolescentes’. Allí, ofrecía claves significativas… y preocupantes, como que apenas se denuncian un 2% del total de casos, especialmente cuando los hechos se producen en el ámbito familiar.

Una realidad oculta

La autora también situaba un marco de entre un 15% y un 20% de víctimas de la pedofilia en nuestra sociedad. Otra cosa muy distinta, lamentaba, es que alguna vez lo hayan contado, pues, según percibía Martínez, solo el 50% de los niños revela el abuso sufrido y, entre ellos, apenas el 15% es efectivamente denunciado, concluyendo con el dato más demoledor de todos: solo el 5% es finalmente procesado.

Con el fin de hacer frente a esta terrible lacra, el pasado 28 de diciciembre, día de los Santos Inocentes, el Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobaba el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. La norma, que modifica once leyes, incorpora una definición amplia de violencia que abarca cualquier tipo de maltratato físico, psicológico y emocional, incluidos los castigos físicos o el trato negligente.

Tal y como adelantó Vida Nueva antes de su aprobación, la nueva ley conlleva la modificiación del Código Penal para ampliar de forma significativa el plazo de prescripción de los delitos más graves contra los menores, entre ellos, los abusos sexuales. De esta manera, en los casos relativos a tentativa de homicidio, pederastia, lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre niños, el inicio del cómputo del plazo para su prescripción comenzará cuando la víctima cumpla 30 años y no a partir de los 18, como sucede en la actualidad.

Endurecer las penas

El anteproyecto, además, endurece las condiciones de cumplimiento para los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se dificultará su acceso a la libertad condicional, impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena.

“La violencia hacia los niños, niñas y adolescentes –relatan fuentes del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a esta revista– se encuentra entre los mayores problemas a los que se puede enfrentar una sociedad que pretende ser moderna e inclusiva”. En este contexto se enmcarca un nuevo catálogo de delitos cometidos a través de Internet, que incluye la incitación del menor al suicidio, a cometer infracciones sexuales o la promoción de trastornos alimenticios.

La necesidad de aprobar esta normativa –enfatizan desde el Ejecutivo socialista– fue puesta de manifiesto por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus recomendaciones hechas a España en los años 2010 y 2018.

Prevención, protección y reparación

Como concluyen estas fuentes ministeriales, “se trata de una ley orgánica (por afectar al desarrollo de derechos fundamentales), con un enfoque integral y multidisciplinar, abarcando tanto aspectos preventivos (sensibilización, formación…), como de protección (detección y asistencia), así como de reintegración de derechos vulnerados y reparación del daño”.

Tal y como ha confirmado Vida Nueva, las dos entidades que han liderado este proceso de negociación con el Gobierno han sido Save the Children y la Universidad Pontificia Comillas. Un largo y complejo recorrido que se inició ya con el Gobierno de Rajoy y que, al menos, lleva fraguándose dos años. Pese al consenso generalizado, el proyecto se ha visto parado en distintas ocasiones por varios avatares ligados a la actualidad política: la compleja investidura del Gobierno del PP, la caída del Ejecutivo y, ya con Pedro Sánchez en la presidencia, la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón.

Desde Save the Children, Cristina Sanjuan Vázquez, técnica de Políticas de Infancia, reivindica a Vida Nueva que buena parte de los esfuerzos deberían centrarse en la educación: “Si constatamos que entre un 10 y un 20% de la población española ha sufrido abusos en su infancia, está claro que el reto esencial en este ámbito está en la dificultad de identificar síntomas, en la prevención o en la ausencia de protocolos… Para ello, resulta clave una buena formación afectiva de los profesionales que tratan con niños en la escuela o en espacios de ocio, así como entre las propias familias”.

Una ley integral

Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño de la ONU y, a su vez, una de las personas que más han contribuido en la elaboración del borrador del anteproyecto, explica a este semanario que “la ley va a ser ciertamente efectiva en la lucha contra la lacra de la pedofilia, pues todas las fuerzas impulsoras han apostado por la obligación de que la estrategia se renueve periódicamente, siendo la ley una columna vertebral de una acción mucho más amplia, pues, hasta ahora, si algo se echaba en falta, era una visión integral”.

En la misma línea se muestra Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español, y también referente en el proceso que ha llevado al borrador del anteproyecto legislativo. Reivindica que con la ley “iremos más allá de los parches y prevalecerá una visión integral, que actúe desde la prevención y la detección hasta la respuesta a esta violencia; es decir, contemplará todo el ciclo de las violencias”.

Aunque finalmente la Administración no ha aceptado lo propuesto por las organizaciones sociales, que solicitaban que la prescripción empezara a contar a partir de los 50 años de la víctima, sí se muestran satisfechas con los 30 marcados por el Gobierno. Finalmente tampoco se materializó la “imprescriptibilidad” del delito, tal y como habría manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al secretario de Estado vaticano Pietro Parolin durante su encuentro el pasado mes de octubre.

Tiempo de asimilación a las víctimas

“Se avanza así en el sentido de que se entiende que las víctimas pueden tardar mucho más tiempo del que fija su mayoría de edad a la hora de asimilar y madurar lo ocurrido, siendo realmente conscientes de que han sido atacadas sexualmente en su infancia”, reflexiona Myrian Cabrera, una de las responsables de Comillas que ha llevado, por parte de la universidad jesuita, el peso de la elaboración de las propuestas que las entidades sociales han presentado al Ejecutivo para su anteproyecto.

Si se cumplen las previsiones y la ley es aprobada en el Congreso en febrero, estaríamos ante “un paso muy importante”. Pero, como concluye Cabrera, “aún tenemos que luchar mucho para que la legislación sea efectiva y no se quede en simple papel mojado. Sobre todo a la hora de conseguir que vaya acompañada de una importante dotación presupuestaria. Y más en aspectos hasta ahora menos apoyados económicamente en esta lucha, como el de la educación, que es donde, al fin y al cabo, se puede fraguar un auténtico cambio estructural y profundo en la sociedad”.