Tras la medida provisoria 870/2019 decretada por Jair Bolsonaro el mismo día de su posesión como presidente de Brasil –el pasado 1º de enero–, la cual afecta el radio de acción de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y, consecuentemente, se ponen en riesgo los derechos individuales y colectivos de los pueblos originarios, el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) –uno de los brazos de la pastoral social de la Iglesia brasileña– ha sentado su posición a través de una valiente nota publicada este 4 de enero en su portal.
Normas inconstitucionales
“El gobierno irrespeta las leyes y las normas infraconstitucionales, así como la Constitución Federal”, advierte el ogranismo eclesial, argumentando que “la medida hiere también los derechos culturales de los pueblos indígenas, a la luz del artículo 129, inciso V” de la misma constitución.
En efecto, la medida de Bolsonaro no solamente deja a la FUNAI a disposición del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos (antes hacía parte del Ministerio de la Justicia), sino que le retira sus principales atribuciones: la identificación, delimitación, demarcación, fiscalización y protección de las tierras habitadas por los pueblos indígenas, incluso de algunas poblaciones que aún no han establecido contacto con la sociedad.
La situación se torna aún más dramática si se considera que estas funciones ‘capitales’ de la FUNAI han sido transferidas al Ministerio de Agricultura, “comandado por hacendados que se oponen a los derechos de los pueblos”, lo mismo que “a la demarcación y registro de áreas requeridas por los pueblos indígenas”.
Derechos aniquilados
“El gobierno decretó, en su primer acto en el poder, el aniquilamiento de los derechos asegurados en la Carta Magna del país”, denuncia la Iglesia. “Bolsonaro atacó severamente a los pueblos indígenas, sus derechos fundamentales a la tierra, a la diferencia, el ser sujetos de derechos y sus perspectivas de futuro”.
“El CIMI repudia públicamente tales medidas y las denuncia como componente de un complot articulado por la bancada ruralista, empresarios de la minería y de la explotación maderera, con el objetivo de desencadenar un intenso proceso de saqueo de las áreas demarcadas, entregándolas a emprendimientos de iniciativa privada del país y del exterior, además de invisibilizar nuevas demarcaciones de tierras tradicionales”.
Ataques, amenazas y criminalización
La preocupación de la Iglesia se extiende, además, a los crecientes temores frente a la “descalificación de los derechos individuales y colectivos de comunidades y pueblos tradicionales”, así como el propósito de atacar a los líderes que luchan por estos derechos, amenazando y criminalizando a defensores del medio ambiente, indigenistas, entidades y organizaciones de la sociedad civil, es decir, a “todos aquellos que se colocan en contra del proyecto de explotación indiscriminada de las tierras y de los recursos existentes en ellas”.
Así se percibe en el tono autoritario de los discursos de posesión del presidente y de sus ministros, y el monitoreo de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales que –de acuerdo con la medida provisoria– estará a cargo de la Secretaría de Gobierno liderada por un militar.
Con todo, el CIMI confía que los poderes legislativos y judiciales “actuarán con imparcialidad, prudencia y sobriedad para deshacer todas las proposiciones consideradas ilegales”, como es el caso del desplazamiento de la FUNAI hacia el Ministerio de Agricultura, sin previa consulta a los pueblos y comunidades originarias y tradicionales, como lo establece la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por el Estado brasileño.
Se prevén intensas movilizaciones, campañas y articulaciones para lograr que la medida provisoria sea rechazada por el Congreso Nacional, “asegurando que los derechos individuales y colectivos se tornen prioritarios frente a los intereses políticos y económicos corporativos”.
