Más allá del debate sobre la desigualdad entre autonomías, los tan traídos y llevados Presupuestos Generales del Estado de 2019 reservan para Cooperación 109 millones de euros, una partida que supone un incremento del 5% respecto al año anterior pero muy insuficientes para las asociaciones del sector. Una meta clásica de mínimos entre los profesionales de la cooperación ha sido la reivindicación del 0,7%; pues bien, para lograrlo con este ritmo harían falta 25 años para alcanzar la cota.
Los 109 millones tampoco cumplen las promesas de los programas electorales en los que se había adquirido el compromiso de alcanzar el 0,4% de la Renta Nacional Bruta para final de la legislatura. Además, el propio Pedro Sánchez ha ratificado su compromiso en su intervención en Naciones Unidas asegurando que pretendía “fortalecer y recuperar la política de cooperación al desarrollo como un elemento definitorio de la política exterior”.
70 millones ya comprometidos
La escasez de fondos de la partida la van a notar muy directamente muchas entidades católicas con convenios, acuerdos y receptores de subvenciones gubernamentales para sostener algunos proyectos misioneros. De hecho, los datos de previsiones económicas dejan poco margen a que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pueda implementar muchas propuestas. Los presupuestos actuales dejan al Ministerio la gestión de casi el 25% de los fondos de cooperación, cuando en 2011 era del 57%.
Y es que profundizando el destino de los 109 millones, 70 de ellos van destinados a dos finalidades específicas: el Fondo del Agua y en el FONPRODE, fondos que han aglutinado iniciativas anteriores de microcréditos y cooperaciones estratégicas que impulsaba el Estado español. Además, como ha señalado Acción Humanitaria, estos fondos han sido, en el pasado, contabilizados como donación, “ya que normalmente se trata de partidas de cooperación rembolsable que aumentan la deuda externa de los países receptores y no siempre contribuyen de una manera eficaz al desarrollo”.
