La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado hoy, 5 de febrero, a la Fiscalía General del Estado que le informe sobre las diligencias abiertas en los tribunales por agresiones y abusos sexuales a menores cometidos en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa. En su escrito al organismo que dirige María José Segarra, Delgado destaca la continua difusión de noticias sobre casos denuncia “la protección de los victimarios”.
Esas informaciones han generado “una importante alarma social” y “una fuerte demanda para que este Gobierno aborde este fenómeno”, explica la ministra a la fiscal general. La titular de Justicia recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de diciembre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, “cuyo objetivo es otorgar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de maltrato físico, psicológico y emocional”.
Aumento de la prescripción
Delgado subraya también que uno de los aspectos de ese anteproyecto es la reforma de las agresiones y los abusos sexuales cometidos a menores. Para ello, el anteproyecto de ley cambia el régimen de prescripción de estos delitos para que el plazo empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no a los 18 como actualmente. La ministra de Justicia justifica esos cambios por los “efectos especialmente graves para el desarrollo de la personalidad de los niños y niñas que los sufren, efectos que perduran durante gran parte de su vida adulta”.
La ministra señala, además, que el objetivo de la ley presentada por el Gobierno es “garantizar que el perjudicado o perjudicada haya alcanzado suficiente madurez para vencer la vergüenza y el miedo que generan estas execrables agresiones y pueda afrontar con solvencia la denuncia de los hechos y el proceso penal al que, en su caso, dé lugar”.
