El Gobierno aprueba la exhumación de Franco: “En ningún caso irá a la catedral de La Almudena”

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, 15 de febrero, el decreto para la exhumación de Francisco Franco. El Gobierno decidirá sobre el lugar del entierro en el caso de que la familia no notifique un lugar concreto en el plazo de 15 días. Eso sí, “en ningún caso podrá ser la cripta de la Catedral de La Almudena”, como ha remarcado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en rueda de prensa.

El acuerdo prevé todos los escenarios posibles a partir del plazo de 15 días concedido a la familia para que se pronuncie sobre un lugar para el enterramiento definitivo, según ha explicado.

En el caso de que la familia no se pronuncie, será el propio Ejecutivo, en un nuevo Consejo de Ministros, quien determine el lugar donde descansarán los restos del dictador. Se trata de una decisión “de Estado” y una “responsabilidad histórica” del Gobierno de Sánchez, tal y como lo ha indicado la ministra.

“Los lugares de culto no están al margen de la autoridad”

La ministra de Justicia ha señalado también que el acuerdo del Gobierno también establece que, aunque el prior de la basílica del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se oponga a permitir el acceso para la exhumación de los restos de Franco alegando la inviolabilidad de los lugares de culto, estos “no quedan al margen de la autoridad civil y el Gobierno puede tomar las decisiones que sea necesario”.

Una vez más, se ha aludido al informe de la Delegación del Gobierno de Madrid, que apunta a “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad” si se enterrara al dictador en la cripta de La Almudena, tal y como insiste la familia Franco. En caso de que la familia eligiera otro emplazamiento, el Gobierno atenderá a criterios de “legalidad” y de “orden público” para aceptar la propuesta, subrayó Delgado.

De esta manera concluye, parece, el proceso que el Gobierno inició el pasado 24 de agosto con el real decreto que modificaba la Ley de Memoria Histórica de 2007 de modo que quedaba prohibido “que en el Valle de los Caídos estuviera enterrado nadie que no fuera víctima de la Guerra Civil”.