La Iglesia ha entonado el mea culpa. Y lo ha hecho a través del cardenal arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar, en su intervención durante la primera sesión de la tarde de hoy, 21 de febrero, en el Encuentro sobre ‘la protección de los menores en la Iglesia’.
“En muchas ocasiones”, ha señalado el purpurado, se ha tomado el camino de huir, “tratando de negar la dimensión de las denuncias presentadas, no escuchando a las víctimas, ignorando el daño causado a los que sufren los abusos, trasladando a los acusados a otro sitio donde estos siguen abusando, o tratando de llegar a compromisos monetarios para comprar el silencio”.
Una forma de actuar con la que “claramente” se ha manifestado “una mentalidad clerical que nos lleva a poner el mal entendido bien de la institución eclesial sobre el dolor de las víctimas y las exigencias de la justicia”, y a priorizar “las justificaciones de los victimarios” por encima “del testimonio de los afectados”. Pero, también, “a guardar un silencio que acalla el grito de dolor de los victimizados con tal de no afrontar el ruido público que puede causar una denuncia ante la autoridad civil o un juicio” y a “llegar incluso a la mentira o a tergiversar los hechos para no afrontar la terrible realidad que se presenta”.
Clericalismo de raíz
“Un análisis somero de lo que ha sucedido nos permite constatar que no se trata solo de desviaciones o patologías sexuales en los abusadores”, ha afirmado el cardenal, “sino que hay una raíz más honda”, que no es otra sino la “tergiversación del sentido del ministerio, convertido en medio para imponer la fuerza, para violar la conciencia y los cuerpos de los más débiles”.
“Esto se llama clericalismo”, ha apuntado, y esta es una mentalidad “que ha calado en nuestra Iglesia a lo largo de los tiempos, y que casi siempre no somos conscientes de que subyace a nuestra manera de concebir el ministerio y de actuar en los momentos decisivos”. Por ello, para poner fin a esta “tergiversación” del ministerio, se hace necesario “un cambio de mentalidad”.
Reconocer la crisis
Una manifestación de este modo de pensar es “el afirmar que la Iglesia no está ni tiene por qué estar sometida al poder de la autoridad civil como los demás ciudadanos”, sino, al contrario, que puede y debe “manejar” sus asuntos dentro de la propia institución, “regidos únicamente por el derecho canónico”. Por este motivo, Salazar ha denunciado que “a veces” se haya llegado a considerar “la intervención de la autoridad civil como una intromisión indebida que, en estos tiempos con tintes de secularismo, se ve incluso como un signo de persecución contra la fe”.
Contrario a esta postura, el purpurado ha reconocido “la importancia de los medios de comunicación y las redes sociales” a la hora de ayudar a la Iglesia “a no soslayar”, sino a afrontar la crisis. Un trabajo que, para el cardenal, tiene “un gran valor que es necesario apoyar”. “Tenemos que reconocer esta crisis en profundidad”, y esto pasa por reconocer, en primera instancia, “que el daño no lo hacen los de fuera, sino que los primeros enemigos están entre nosotros, entre los obispos, sacerdotes y consagrados que no hemos estado a la altura de nuestra vocación”.
“Reconocer y enfrentar la crisis”, ha añadido, “significa también no minimizarla afirmando que en otras instituciones se cometen abusos a mayor escala”, ya que “el hecho de que se presenten abusos en otras instituciones y grupos no justifica nunca que se produzcan en la Iglesia, porque contradicen la esencia misma de la comunidad eclesial y constituye una tergiversación monstruosa del ministerio sacerdotal”.
El papel del obispo
De la misma manera, Salazar ha reconocido, ante los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo, que la Iglesia “tiene que admitir” que, en muchas ocasiones, “sus obispos no han sabido y no saben comportarse adecuadamente para afrontar con rapidez y decisión la crisis provocada por los abusos”.
Por todo esto, ha señalado que la responsabilidad “como obispos”, “empieza en acrecentar permanentemente la conciencia” y en comprender que “no hay ninguna justificación posible para no denunciar, para no desenmascarar, para no enfrentar con valor y contundencia cualquier abuso que se presente al interior de nuestra Iglesia”.
“Parece deseable que el obispo tenga un código de conducta, en el que se presente cómo ha de proceder”, ha dicho. Un código que clarifique “la conducta que es propia del obispo” en estos casos, y cuya obligatoriedad sea “una garantía de que todos actuemos al unísono y en la dirección correcta”. “Será además, una guía para la iglesia y la sociedad que nos dará a todos la confianza de que se está actuando bien”, ha añadido.
Reparación del daño
En cuanto a la posibilidad o no de reparar el daño causado a las víctimas, Salazar ha reconocido que “la nefasta realidad de haber caído en la tentación de intentar arreglar con dinero situaciones insostenibles para acallar el posible escándalo no nos puede impedir tomar conciencia la responsabilidad que nos corresponde en la reparación de las víctimas”.
Así, si bien el dinero “no puede reparar nunca el daño causado”, se hace necesario en muchas ocasiones “para que las víctimas puedan seguir el tratamiento psicoterapéutico que necesitan y que generalmente son muy costosos”. “Algunos no son capaces de reponerse al daño causado y no son capaces de trabajar, por lo que necesitan apoyo económico para sobrevivir”, mientras que para otros “se hace necesario como reconocimiento de lo ocurrido”. En definitiva, la Iglesia debe “ofrecer todos los medios necesarios para la recuperación”. “Con la ayuda del Señor y nuestra docilidad a su gracia vamos a lograr que esta crisis lleve a una profunda renovación de toda la Iglesia”, ha apostillado Salazar.
