En la cumbre con la que la Iglesia busca, desde hoy, 21 de febrero, hasta el día 24, dar una respuesta coordinada y auténtica al drama de los abusos en su seno, no todos los presidentes de los episcopados del mundo acuden en las mismas condiciones. Algunos vienen con los deberes hechos…
Es el caso de Óscar Vicente Ojea, presidente de los obispos argentinos, que acaban de aprobar una serie de disposiciones (colgadas en la web del Episcopado) marcadas por su carácter estricto para los culpables y por su sentido pedagógico hacia las víctimas, con el fin de que “se atrevan a denunciar”. Entre las medidas que ya están funcionando se encuentra el Consejo Pastoral para la Protección de Menores y Adultos Vulnerables, constituido en mayo de 2017.
En Colombia, la Arquidiócesis de Bogotá ha presentado una Ruta de Acompañamiento, un proyecto que hace suyo la Conferencia Episcopal, que lo ha subido a su web. Se trata de un itinerario integral, al cubrir las diferentes etapas de la vida, atendiendo a menores, adolescentes y adultos en situaciones de vulnerabilidad.
En Estados Unidos, epicentro de la crisis desatada en verano tras conocerse el alcance de la pederastia clerical en Pensilvania y el posterior estallido del Caso Viganò, varias diócesis han dado el paso de hacer públicos listados con los nombres de sus sacerdotes acusados. Las últimas han sido Texas, con 286 sacerdotes denunciados, y las cinco del Estado de New Jersey, con 189 presbíteros.
A nivel global, el Episcopado estadounidense publica, desde hace 15 años, amplios informes anuales en los que radiografía cómo le afecta este cáncer. En su plenaria de noviembre, los prelados siguieron trabajando en un programa específico sobre una mayor responsabilidad episcopal en la materia.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su presidente, Rogelio Cabrera López, ha presentado también estos días los datos de un informe en el que se reconoce que se ha separado de su cargo a 152 sacerdotes. Sin embargo, a diferencia de lo hecho en las diócesis estadounidenses, se ha optado por preservar la identidad de los responsables.
En su plenaria de octubre, el Episcopado canadiense publicó un protocolo en el que el acento se pone en “la curación, la reconciliación y la transformación”. Si bien se define claramente la línea a seguir en materia de prevención (lo que ha sido reivindicado como ejemplar por parte de Lombardi, moderador del encuentro en Roma), la prensa local criticó que apenas se aborde la lucha contra el “encubrimiento” de los presuntos pedófilos.
En Australia, donde esta crisis ha golpeado con gran dureza, la Iglesia ha aceptado todas menos una de las 409 recomendaciones de la Comisión del Gobierno: la que exige que el secreto de confesión se pueda romper cuando afecta a un caso de abusos. Pese a la polémica, el avance es evidente respecto al panorama anterior.
En Europa, la Conferencia Episcopal Belga ha presentado un detallado informe en el que busca documentar todos los casos de abuso sexual acaecidos en el seno de la Iglesia local. En su presentación a los medios, el cardenal De Kesel, presidente del Episcopado, indicó que el camino a seguir pasa por “reconocer a las víctimas, escuchar su sufrimiento, acompañarlas y, sobre todo, poner en práctica medidas para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes tan graves”.
En Alemania, los pastores de la Iglesia católica hicieron un ejercicio similar el pasado septiembre, cuando encargaron una investigación que recogiera el alcance exacto de esta lacra en sus comunidades. Los resultados recabados (más de 3.600 niños alemanes habrían sido abusados por unos 1.600 sacerdotes entre 1946 y 2014) causaron una honda conmoción en la sociedad. Sin reservas ni excusas, portavoces eclesiales salieron a la palestra para denunciar que la Iglesia estaba “consternada y avergonzada”.
La Comisión Independiente de Investigación sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia, del Episcopado de Francia, ha tenido su primera reunión el 8 de febrero. A petición de los obispos, la preside Jean-Marc Sauvé, en su día vicepresidente del Consejo de Estado. Ha sido él quien ha nombrado a los 21 miembros que la componen, entre los que hay especialistas en Derecho, Sanidad, Educación Social, Historia y Ciencias Humanas, así como dos teólogos, una de las cuales es profesora de la Universidad de Estrasburgo, protestante.
“La he compuesto –ha declarado a La Croix– sin ninguna interferencia, directiva o consejo de los responsables de la Iglesia. La Comisión es diversa, también por su opiniones religiosas y filosóficas. Hay creyentes de distintas confesiones, no creyentes, agnósticos o ateos. Por razones de imparcialidad, he optado por no llamar a ninguna persona implicada en el debate, ni a ningún sacerdote, religioso o religiosa”.
En otro momento de su entrevista, destaca que “el punto de partida es la toma de conciencia del sufrimiento de las víctimas; este debe ser tenido en cuenta y afrontado a través de una escucha atenta. Los abusos sexuales a menores y personas vulnerables constituyen la negación del fundamento sobre el que se basa la Iglesia; por eso son especialmente intolerables. El sufrimiento de las víctimas es lo que me ha motivado y su escucha será una de las misiones centrales de la comisión”.
La Conferencia Episcopal de Francia corre con los gastos necesarios para el funcionamiento de la comisión. En la carta que le han dirigido los obispos, estos han pedido que, al juzgar los casos de abusos y su tratamiento, se tenga en cuenta “el contexto de las épocas a los que se refieren”. Así, Sauvé reconoce que, “durante mucho tiempo, hemos vivido en la sociedad francesa en general con una relativa inconsciencia, por la que este mal que no ha sido correctamente identificado, tanto dentro de los servicios confesionales como los no confesionales que acogían a los menores”.