“Si la Iglesia se sometiera a los deseos del prior tendría un daño reputacional de magnitud significativa”. De esta manera ha hecho referencia la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, a la posición de la Iglesia católica española y de Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos, ante la exhumación de Francisco Franco. Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado hoy, 22 de febrero.
Celaá ha señalado que está “convencida” de que “la Iglesia no se opondrá” a la exhumación, tal como la misma institución se lo “ha hecho saber” al Gobierno, ya que entiende “que es facultad del poder civil y que efectivamente habrá de seguir las instrucciones del poder civil”.
Tal como ha señalado El Independiente, en una carta con fechada el 14 de febrero, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el traslado de Franco, el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolin, afirmaba que esta “controversia” está “sometida al Derecho y a la Justicia españoles”. Esta fue la respuesta del número dos del Vaticano a la carta enviada al purpurado 26 días antes por parte del Gobierno para informarle de que Cantera había rechazado el permiso para acceder al templo y, por este motivo, pedirle que actuara “a fin de remover los obstáculos que la referida abadía ha creado con su decisión”.
“No es lo mismo apoyar que no oponerse”
Sin embargo, lo que apunta Parolin en su respuesta no se corresponde con la idea transmitida por el Gobierno de que la Santa Sede apoya la exhumación del dictador y está dispuesta a obligar al prior para permitirlo. “Es distinto decir que la Iglesia no se opone a decir que apoya la exhumación”, ha subrayado en declaraciones a la COPE Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Por su parte, Cantera ha asegurado que “la comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil”, precisando que en este caso “no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial”.
Cuentas “veraces”
Mientras, Patrimonio Nacional se encuentra a la espera de que la abadía benedictina del Valle de los Caídos presente un presupuesto de ingresos y gastos “equilibrado y fundamentado que pueda ser analizado económica y contablemente” para proceder a la transferencia de los 340.000 euros de la subvención anual correspondiente al ejercicio de 2018.
El Consejo de Administración del Patrimonio Nacional acordó el pasado mes de septiembre que se debía proceder a un análisis de los ingresos y gastos de la abadía como del propio Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos con la finalidad de “elaborar un presupuesto completo y veraz de la Fundación que integre los ingresos y gastos de Patrimonio Nacional y de la abadía”, añade el organismo, dependiente de vicepresidencia del Gobierno.
Patrimonio Nacional destina anualmente 1,8 millones de euros al Valle de los Caídos, contando los recursos económicos como los 31 trabajadores destinados al mismo. De la misma manera, recibe ingresos – mayoritariamente por la venta de entradas – por un importe de, aproximadamente, 1,5 millones de euros. Por su parte, la abadía benedictina, beneficiaria de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, administra los ingresos y gastos de la propia abadía y de la Hospedería y Escolanía, que se gestionan con independencia.
