La organización ECA (Ending Clergy Abuse), que está presente en más de 90 países, ha presentado 21 normas que, a su juicio, el Vaticano debería tener en cuenta para erradicar la pederastia y el encubrimiento de la misma por parte de los obispos.
En primer lugar, la organización exige la expulsión del sacerdocio “de forma inmediata” de cualquier miembro del clero que haya sido declarado culpable de cualquier tipo de agresión o abuso a un menor, así como de todo aquel que haya participado en el encubrimiento de los hechos.
Por otra parte, instan a que se ponga fin al secreto pontificio, de tal manera que la documentación e informes sobre las investigaciones canónicas relativas a los casos de abuso se transmitan de forma automática a la justicia ordinaria.
Los miembros de ECA han pedido también al Vaticano que se adhieran en la práctica a las recomendaciones de la Comisión sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU), organismo que publicó un informe en 2014 en el que le exigía que “destituya de sus cargos y entregue a la policía a todos aquellos que sean culpables de abusos sexuales a menores”. De la misma manera, solicitan que se elimine la inmunidad de diplomática vaticana para que los abusadores puedan ser juzgados en los lugares donde hayan cometido los delitos.
Por otra parte han pedido que las Conferencias Episcopales destinen parte de su presupuesto a las víctimas de abusos como ya se hace en algunos países, así como hacer públicos los registros de los religiosos que hayan cometido abusos, incluidos los apartados o fallecidos.
El Vaticano ha informado de que, en el plazo máximo de uno o dos meses, contará con una nueva legislación para luchar contra los abusos que incluirá un nuevo ‘motu proprio’ papal sobre la protección de menores, así como un manual que ayude a los obispos a afrontar las denuncias y acompañen a las víctimas.