“La Comunidad benedictina se ha visto obligada a recurrir, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la resolución del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019, sobre la exhumación de los restos de D. Francisco Franco, ante la imposibilidad de aceptar que los poderes públicos puedan actuar libremente en un recinto sagrado sin la necesaria autorización eclesiástica”. De esta manera han recurrido ante el Tribunal Supremo los monjes del Valle de los Caídos la decisión de trasladar los restos del dictador.
Por otra parte, los monjes han explicado que “interferir en un acto de culto como es la inhumación, custodia y exhumación de restos humanos yacentes en sepultura religiosa vulnera el principio de inviolabilidad protegido por los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede y el derecho a la libertad religiosa y de culto”.
Además, el recurso presentado por la comunidad benedictina ha puesto “en tela de juicio” la constitucionalidad del Decreto-Ley 10/2018, por el que se “reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, ya que este “implica, de forma imperativa, la exhumación de 20 cadáveres de monjes benedictinos yacentes en el cementerio de la Abadía”.
Argumentos independientes
Sin embargo, al no haberse alcanzado un acuerdo con la familia Franco, los benedictinos aseguran que actuarán de acuerdo a la sentencia final del Tribunal Supremo, ya que es el único “órgano competente para dilucidar la controversia existente, lo que garantiza, plenamente, el respeto al ordenamiento jurídico”.
De la misma manera, los monjes declaran que su argumentación es totalmente “independiente” y “deja a salvo los argumentos y razones de nulidad e inconstitucionalidad que pudieran plantear los familiares” de Franco.
