Más allá del acompañamiento, la Iglesia se compromete con los pensionistas en graves dificultades a través de la denuncia pública, batallando por sus derechos en las calles y en las instituciones. Esto se da de un modo especial en el País Vasco, donde, según los cálculos de EAPN (Red Europea de Lucha contra la Pobreza), el 34,5% de los pensionistas (183.000 personas) tienen ingresos por debajo del umbral de la pobreza. De ellos, unos 34.500 pensionistas perciben pagas inferiores a 334 euros al mes, instalándose ya en el umbral de la pobreza extrema.
Elena Arce, pensionista y miembro de la HOAC en Vitoria, lleva años implicada en esta causa. En conversación con Vida Nueva, destaca cómo ha cambiado el panorama desde que en enero de 2018 comenzaran las primeras marchas de protesta, cada lunes al mediodía, frente a los ayuntamientos de las capitales vascas. “Entonces –destaca–, se movió por las redes y el símbolo era un lazo marrón. Nadie sabíamos muy bien quién lo movía todo y, de hecho, cuando llegábamos a las marchas, no había lemas, manifiestos o pancartas. Con el paso del tiempo, manteniéndose siempre la estructura de la protestas todos los lunes a las doce, ya nos hemos organizado y contamos con objetivos y proclamas concretas”.
Con la vista puesta en el futuro, aparte de las reuniones mensuales en la capital alavesa entre todos los coordinadores de las grandes ciudades, “nuestros representantes han acudido a Madrid a reunirse con los diferentes partidos políticos”. Conscientes de la avalancha de promesas políticas que les llegarán en estos tiempos de elecciones, piden seguir activos: “Ha habido mejoras con el Gobierno de Pedro Sánchez y algunas entidades y personas se han retirado de las protestas, pero la mayoría tenemos claro que hay que seguir en la calle, pues solo así se nos escuchará de verdad. No nos bastan ciertos gestos o avances, sabemos que lo que está en juego es el futuro de nuestras pensiones, que realmente corren peligro, imperando cada vez más la idea de que cada uno deberá buscarse la vida y conformar su plan de pensiones”.
Concienciación eclesial
Con todo, lo que más valora Arce “es la unidad de todas las entidades comprometidas en la causa, siendo clave la colaboración entre comunidades cristianas y otras a las que no las mueve ninguna creencia religiosa”. De hecho, “estas últimas también visibilizan la construcción del Reino, pues defender derechos clave como pensiones justas y vivienda digna también manifiesta la acción de Dios en el mundo”.
En cuanto a si considera que en la Iglesia hay, en general, una concienciación sobre esta cuestión y es algo que hacen suyo muchos pastores, al hilo de lo que insiste el papa Francisco cuando habla de la cultura del descarte o convoca a los sindicatos, Arce explica que, “poco a poco, se empiezan a ver con preocupación fenómenos como la dificultad del trabajo digno para una sociedad decente. Se dan pasos en este sentido, pero se necesita mucho más eco en el conjunto de las comunidades cristianas y que esta acabe siendo una lucha esencial para todas las personas y para toda la Iglesia, pues el trabajo forma parte esencial de la vida humana, personal, familiar y social”.
Ante este fenómeno, la Iglesia no solo atiende al que sufre o denuncia en la calle. Muchos de sus mismos consagrados saben perfectamente qué es ser pensionista. Aunque la situación de cada uno es diferente según su experiencia vital… Un ejemplo en positivo es el del jesuita Joaquín Ciervide, jubilado y residente en Mallorca tras donar diez años de su vida en la misión, estando entre 2008 y 2017 en Chad, Ecuador, Madagascar y la República Democrática del Congo. Perteneciente a la Provincia de Loyola, su apostolado se inició en 1964, reconociendo que su institución “tenía un empeño muy generoso en cuidar a sus misioneros. Así es como, a partir de mis 50 años de edad, la Provincia de Loyola empezó a cotizar por mí en un plan de pensiones”. Hasta 2008, cuando, ya con 65 años, “la Provincia de Loyola dejó de cotizar por mí y yo pasé a beneficiarme de dicho plan”.
Misioneras y contemplativas, dos realidades
Otra realidad es la que viven comunidades más pequeñas, como las misioneras javerianas. Así lo transmite Dolores González Gil, quien, a sus 88 años, tras 25 años trabajando en hoteles de Alicante y Málaga, ejerciendo como costurera, camarera, auxiliar de cocina y lavandera, cobra una pensión de 800 euros, aunque casi siempre ha estado más cercana a los 700. Un dinero con el que “apenas tenemos para ir tirando día a día, aunque nos ayudamos mucho entre las cuatro hermanas de comunidad que actualmente formamos en Málaga, también ellas jubiladas y pensionistas, cobrando ellas unos 1.200 euros”. Una parte, por cierto, la donan a su congregación, dirigida a un fondo para las hermanas con menos recursos.
Entre risas, cuenta un alud de anécdotas, “como las muchas veces en que, en mi hotel de Málaga, el Cervantes, donde estuve entre 1973 y 1993, no me creían cuando decía que tenía que venir a Madrid ‘por temas familiares’. Viajaba por cosas de la congregación, pero se pensaban que venía a ‘los mítines de Carrillo’. Pertenecía a Comisiones Obreras y luchaba por los derechos de los 130 trabajadores, pero ni en el hotel ni en el sindicato sabían que era religiosa”.
A quienes les ha supuesto un reto adaptarse al sistema de pensiones ha sido a las religiosas de vida contemplativa, llegando un momento en el que el propio Estado temió que muchas monjas de clausura que no habían cotizado no pudieran sostenerse por sí mismas en las comunidades menos numerosas y sin obras sociales en las que apoyarse. Así lo recuerda la hermana María Presentación Zotes Fernández, ecónoma del convento de las ursulinas en Sigüenza, que acaban de cumplir 200 años de presencia en esta localidad de Guadalajara: “A inicios de los años 80, la Conferencia Episcopal nos pidió a todas las comunidades de vida contemplativa de España que diéramos un adelanto económico al Estado para poder empezar a cotizar como autónomas y así, cuando llegara el momento, jubilarnos y obtener la pensión mínima”.
