José Andrés Murillo, James Hamilton y Juan Carlos Cruz, éste último invitado por el Papa Francisco a Roma entre las víctimas que quiso escuchar personalmente, son los tres demandantes del ex párroco de El Bosque, en Santiago, acusado de abuso, castigado por la Santa Sede y finalmente dimitido del sacerdocio por el Papa Francisco, el año pasado, poniendo fin a un proceso iniciado el año 2010.
Sin embargo, ya el 2003 José Andrés Murillo presentó su denuncia formalmente al entonces arzobispo de Santiago, Cardenal Francisco Javier Errázuriz. Se sumaron otros denunciantes que tampoco activaron procesos canónicos hasta que el caso explotó el 2010.
Negligencia y encubrimiento
Una vez sancionado Karadima los mismos denunciantes acusaron al Arzobispado de Santiago, representado por sus dos últimos arzobispos, los cardenales Errázuriz y Ricardo Ezzati, por negligencia y encubrimiento. Demandaron una indemnización por un monto cercano a los US$ 600 mil.
La Corte de Apelaciones de Santiago, por unanimidad de sus integrantes, ha condenado hoy al Arzobispado de Santiago a pagar casi US$ 150 mil a cada uno de los 3 acusadores.
En comunicado emitido esta tarde, el Arzobispado expresa que “no recurrirá en contra de la sentencia dictada, y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme”. “El Arzobispado de Santiago manifiesta su conformidad con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago y confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima”, agrega, marcando un estilo inédito hasta ahora.
“Este fallo, continúa la declaración del Arzobispado, marca un paso importante en nuestro proceso de reestablecer la justicia y la confianza en nuestra Iglesia de Santiago, porque apunta directamente a las falencias que tuvimos en este caso. Si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la institución por los errores que hemos reconocido desde un comienzo: la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas”. “Esto refleja que es necesario hacer reformas profundas para evitar que errores como éstos se vuelvan a cometer”, concluye el comunicado en un lenguaje y un estilo que hasta ahora no era el utilizado.
Nuevo modo de reacción
El texto del fallo judicial establece que “la negligencia en la investigación del abuso que se hizo desde las instancias oficiales de la Iglesia Católica tuvo gran impacto sobre las víctimas cuando las autoridades institucionales descartaron la denuncia en lugar de considerar la posibilidad de examinar si tenía algún elemento de verdad, protegiendo con su inactividad a los abusadores como si ellos fueran víctimas de una infamia y agresión pública contra su buen nombre y descuidando por completo lo ocurrido a las víctimas del abuso”.
Más adelante agrega que “la forma en que las conclusiones que se vienen expresando acerca de las omisiones y errores de la cúpula de la Iglesia católica, que en concepto de esta Corte, se demuestra que la demandada ha sido negligente en su proceder en términos tales que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil”. Estas expresiones parecen pronosticar un futuro judicial complejo para los dos arzobispos eméritos.
El fallo menciona en 21 oportunidades al arzobispo emérito de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, como también al cardenal Ezzati, recién reemplazado por Celestino Aós, como Administrador Apostólico, quien está marcando un estilo directo, al lado de las víctimas, de reacción inmediata, diferente al usual en estas circunstancias. Al menos ante este fallo, la reacción ha sido inédita e inesperada.
