Un mes después de la histórica conferencia sobre pederastia eclesial celebrada en el Vaticano, el grupo de expertos encargado del seguimiento del simposio está trabajando en varias reformas que serán aprobadas en los próximos meses. Además de un vademécum para saber cómo responder ante estos episodios, hay otros cambios importantes en cartera. Los adelanta a Vida Nueva Charles Scicluna, arzobispo de Malta, secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el mayor símbolo con que cuenta hoy la Iglesia en la lucha contra la pederastia.
PREGUNTA.- ¿Cómo se está desarrollando el trabajo?
RESPUESTA.- Hay varias cosas en las que estamos trabajando a diversos niveles. Lo más avanzado son los tres documentos que estamos elaborando para el Estado de la Ciudad del Vaticano. Son dos leyes y un documento pastoral. Las leyes son sobre los delitos contra el sexto mandamiento, incluida la pornografía. La segunda normativa es para poder aplicar esa nueva ley penal en las sedes extraterritoriales del Vaticano, como las nunciaturas. El tercer documento se trata de unas líneas-guía pastorales para la prevención del abuso de menores y la denuncia de eventuales casos.
P.- ¿Y el vademécum para explicar a los obispos, de forma clara y sencilla, los pasos para responder a un posible episodio de pederastia?
R.- Ya existe un primer borrador que estamos estudiando. La idea es ofrecer un documento que permita a personas que no son expertas en derecho canónico tener las respuestas a las preguntas que surgen en estos casos. Creo que antes del verano estaremos en un buen punto. Pero estamos ante el dilema de la gallina y el huevo: si se cambia la ley, es necesario actualizar el vademécum. Se plantean cambios en el Derecho Canónico, pero no tenemos que esperar a la perfección para hacer el vademécum, sino hacer una nueva edición cuando haya un cambio.
P.- ¿Qué cambios legislativos se plantean?
R.- Hay algunas reformas abiertas en el motu proprio ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’, que determina la cuestión del abuso sexual en la Iglesia. La primera es para considerar que la pedopornografía es también delito cuando el menor implicado tenga entre 14 y 18 años. Hasta ahora era solo hasta los 14. Otro punto a debate es sobre el secreto pontificio en los casos de abusos sexuales relativo a los documentos que están en posesión de realidades eclesiales locales.
P.- Pero, ¿ha habido alguna vez un proceso por violación del secreto pontificio? ¿Tiene sentido mantenerlo?
R.- Yo no sería capaz de citar casos donde se hayan aplicado penas por violación del secreto pontificio. Para proteger la dignidad de las personas, su buena fama y la libertad del testigo, todo tribunal impone una confidencialidad. No vemos la necesidad de hacer más pesada esa confidencialidad con el secreto pontificio a nivel local. Pero el secreto pontificio está al servicio de la libertad de la Iglesia. Seguirá protegiendo la libertad de la Santa Sede para actuar y promover su trabajo.
P.- Muchas víctimas se quejan de que apenas reciben información sobre cómo va su proceso después de denunciar. ¿Cómo puede conseguirse mayor transparencia?
R.- No se trata de quitar el secreto pontificio, sino de dar un papel a la víctima en el proceso. Es algo en lo que se está trabajando. Primero, queremos abrir la posibilidad de pedir un resarcimiento de daños también en los procesos administrativos canónicos. Ahora, solo existe la posibilidad en el proceso judicial canónico. Queremos que la parte lesa pueda pedirle los daños al reo, porque hay un principio de responsabilidad personal. Es como en las tiendas de productos de cristal o de cerámica, donde hay un cartel expuesto en el que se dice: “Quien rompe, paga”. Otra propuesta en la que estamos trabajando es que en cada proceso haya un procurador para la víctima. O al menos, una persona que promueva su interés y haga de trámite para que sea informada de cómo va.
P.- Un caso llamativo es el del obispo argentino Gustavo Óscar Zanchetta, al que el Papa designó a finales de 2017 asesor de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), aunque luego lo apartó del cargo. ¿Tenía información Doctrina de la Fe sobre posibles abusos a menores antes del nombramiento?
R.- Si no me equivoco, no teníamos indicaciones de que estuvieran implicados menores. La congregación solo ve casos relativos a menores de 18 años. Pero no puedo comentar casos particulares, no es parte de nuestra deontología y, realmente, no tengo elementos concretos. Cuando doy una entrevista hablo sobre los principios, no comento casos individuales.
P.- Bien, no más preguntas sobre casos concretos. Pasemos al funcionamiento de Doctrina de la Fe. Aunque en principio debería ocuparse solo de abusos cometidos por eclesiásticos, el Papa ha pedido al menos en dos ocasiones que también lo haga con casos cometidos por laicos, como el de Gaztelueta en Bilbao y el de los maristas en Chile. ¿Deberían ampliar su radio de acción para ocuparse también de los abusos cometidos por laicos?
R.- Espero que no. Ya hay muchos casos relativos a clérigos. La nuestra no es la única institución en la Iglesia que puede ver estos episodios. Muchos deben ser estudiados y decididos a nivel local. Algunos comportamientos cometidos por laicos son pecados, no son delitos canónicos. Antes de hacer un proceso canónico es necesario establecer el delito canónico. Si los laicos cometen crímenes, tienen la jurisdicción civil. En cambio, con los delitos cometidos por clérigos, la Iglesia da una atención particular porque está la cuestión de la dignidad del sacramento del orden y de la idoneidad al ministerio público, porque el clero tiene una función pública en la Iglesia. Los laicos no tienen necesariamente esa función y no deben necesariamente ser objeto de una jurisdicción penal precisa.
P.- ¿Cómo se está respondiendo en España?
R.- Como no tengo el don de la omnisciencia, no estoy dentro de cada obispo, pero lo que escucho me anima. Las palabras pueden ser bonitas, pero la gente se cansa rápidamente de ellas. Debemos mostrar hechos. Ese es siempre el mayor desafío.
P.- ¿Qué peso tiene hoy la lengua española en el total de las denuncias que les llegan?
R.- Es mayoritaria. Desde hace unos seis años, el número más alto de denuncias viene de naciones de lengua española. El segundo es el inglés, que era antes el primero.
P.- ¿En qué porcentaje de casos de ‘delicta graviora’ está presente la homosexualidad?
R.- El dato que tenemos, y que se confirma cuando vemos los casos surgidos cada dos años y elaboramos un breve cuadro estadístico, es que en el fenómeno del abuso sexual a menores cometidos por clérigos, el 80% de las víctimas son de sexo masculino. El porcentaje se confirma desde hace años. Pero el discurso es más amplio: no puede criminalizarse a una categoría de personas, pero sí es legítimo preguntarse por qué. Pero no tengo una respuesta. El porcentaje más alto de víctimas son muchachos de más de 14 años. Hay que ver cada caso, pero la estadística no nos da todas las respuestas que queremos.
P.- ¿Piensa usted que hay una relación?
R.- No osaría nunca decirlo. Yo miro el cuadro clínico de los casos que tenemos, pero no soy capaz de dar un juicio sobre la categoría. ¿Cómo puede hacerse? Es como si dijera que, como en el mundo, el 60% de los casos se dan en las familias, ser padre predispone al abuso. Esto pondría a los padres de familia en un categoría indigna e impropia.
