“El mismo Santo Padre ha alabado y agradecido la labor de los periodistas que, mediante sus investigaciones, contribuyen a denunciar los abusos, a castigar a los victimarios y a asistir a las víctimas”. Con estas palabras ha subrayado, por medio de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Perú su su apoyo al periodista Pedro Salinas, condenado a un año de prisión con libertad condicional y una multa de 24.000 dólares por “difamación” contra José Antonio Eguren, arzobispo de Piura y Tumbes.
Así, la jueza condenaba el pasado lunes, 8 de abril, a Salinas, quien junto a su compañera Paola Ugaz, acusaba al prelado de encubrir de manera consciente los abusos “cometidos de manera reiterada durante décadas dentro del Sodalicio”, una sociedad cristiana fundada por el peruano Luis Fernando Figari y a la que pertenece Eguren.
De la misma manera, los obispos peruanos han remarcado su “solidaridad” con las víctimas de abusos y sus familiares, deseando que “el clima cuaresmal de conversión y misericordia mueva a todos a la máxima transparencia para que los delitos se reconozcan y sea posible la justa reparación”.
Canadá aprueba la extradición de un sacerdote escocés acusado de abusos
El Gobierno canadiense ha aprobado la extradición a Escocia del sacerdote Robert MacKenzie, de 85 años, acusado de “abuso físico y sexual”, ha informado, por medio de un comunicado, la Arquidiócesis de Regina (Canada). MacKenzie, que actualmente ejerce su ministerio en la diócesis canadiense, ha sido acusado por unos “abusos presuntamente ocurridos en internados de Escocia, cuyos estudiantes eran principalmente niños”, entre los años 1950 y 1980, momento en el que formaba parte de una orden religiosa.
La orden de extradición es el resultado de “unas investigaciones que comenzaron en Escocia hace varios años” y, a partir de las cuales, si bien MacKenzie ya se encontraba retirado en una rectoría, fue trasladado a una casa “donde su movimiento y actividades se restringieron aun más”. Sin embargo, hace un año las investigaciones llevaron a una serie de revelaciones que “llamaron la atención” de la diócesis, por lo que se suspendió al sacerdote de las facultades de su ministerio.
Si bien hasta la fecha no hay denuncias contra MacKenzie en la Arquidiócesis de Regina, desde esta reconocen que, más allá de la presunción de inocencia, su “deber en cada caso de sospecha de abuso es la protección y el cuidado de las presuntas víctimas”. De la misma manera, se muestran “muy conscientes del impacto devastador y de por vida del abuso sexual del clero en las víctimas, y del intenso dolor que experimentan quienes se encuentran cerca de ellos y que también están personalmente afectados por el abuso”.
Los obispos de Reino Unido piden al Gobierno que asuman el liderazgo de la abolición de la pena de muerte
“El continuo declive de la pena capital nos da esperanzas de que este ataque a la inviolabilidad y la dignidad de toda persona humana eventualmente se limite a la historia”, ha dicho el obispo de Clifton Declan Lang, líder de la sección de Asuntos Internacionales de la Iglesia de Inglaterra y Gales. Por ello, ha instado al Gobierno de Reino Unido a “redoblar sus esfuerzos para promover la abolición global de la pena de muerte”.
Asimismo, el prelado ha apuntado que existen “medios diplomáticos y económicos para impulsar este objetivo” y, como ejemplo de ello, ha señalado que “Reino Unido tiene oficinas comerciales en más de la mitad de los veinte países que ejecutaron a sus propios ciudadanos el año pasado”. Por otra parte, Lang ha manifestado su esperanza en que “los católicos continúen hablando en nombre de aquellos en riesgo de ejecución y oren por todos los afectados”.
