Iglesia colombiana denuncia recrudecimiento de la violencia en el pacífico del país

En plena celebración de la Semana Santa, la Iglesia colombiana ha emitido una nueva alerta en el departamento del Chocó –en el occidente del país– tras registrarse una ola de hechos violentos que atentan contra el orden público a causa de los enfrentamientos entre la guerrilla del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (mejor conocidas como Clan del Golfo) en los que la población civil queda en el medio.

En un comunicado suscrito por Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, en alianza con otras instituciones, ha alzado su voz para denunciar “ante la opinión pública departamental, nacional e internacional, y organismos de control, la grave situación y agudización de la crisis social y humanitaria generada por el recrudecimiento del conflicto armado y la falta de protección que padecen las comunidades afrodescendientes e indígenas de los ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo el Medio Atrato”.

Recrudece la violencia

En el texto, la diócesis y las organizaciones sociales han dado cuenta que en “desde enero de 2018, el ELN ha venido copando territorios en varios municipios del río Atrato, hecho que ha sido denunciado en su momento, por los atropellos que han cometido a las familias que allí habitan”.

Asimismo han señalado que “desde el mes de febrero de 2019, han venido presentándose enfrentamientos entre paramilitares denominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN en algunas zonas rurales del rio Opogadó, dejando a la población indígena de Unión Baquiaza, Egoróquera, Unión Cuití, Playita y a las comunidades afrodescendientes de Mesopotamia y Carrillo, en medio del conflicto y poniendo en riesgo la seguridad de las mismas”.

Más de 7.000 afectados

Además de la diócesis del Quibdó, el Consejo comunitario mayor de la asociación campesina integral del Atrato (Cocomacia), Mesa de diálogo y concertación de los pueblos indígenas del Chocó, Foro interétnico solidaridad Chocó, Corporación Pacipaz y Coordinación regional del pacifico colombiano han unido sus voces al clamor del pueblo para denunciar estos atropellos.

Según datos de las organizaciones a la fecha “más de 7.000 personas de comunidades afros e indígenas del municipio de Bojayá se encuentran confinadas y existe un riesgo inminente de que se presenten combates, dejando a la población en medio del fuego cruzado”.

En complicidad con autoridades

Por otra parte, la iglesia y organizaciones han señalado que los atropellos por parte del ELN y los paramilitares gaitanistas van desde asesinatos, minas antipersonales, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, restricción de la movilidad, intimidación a las comunidades, amenazas a líderes sociales, irrespeto y desconocimiento al gobierno propio

Todo este accionar criminal se refuerza –han dicho– porque “el accionar de miembros del Ejército y de la Armada en el Municipio de Bojayá no es eficaz y actúan en complicidad y connivencia con las AGC, agravando la situación de orden público” con lo cual “una vez más, el Estado Colombiano omite sus obligaciones constitucionales de generar paz en el territorio”, tal como ocurrió en el 2002, en ese mismo territorio, cuando fueron masacrados 79 civiles afrocolombianos.

“Los habitantes del Medio Atrato están muy preocupados, pues no pueden movilizarse libremente ni desarrollar sus actividades cotidianas por el temor generalizado de la presencia y accionar de actores armados”, han expresado.

El compromiso con la paz

En cuanto a las peticiones para enfrentar estas situaciones irregulares que agudizan la crisis humanitaria y de seguridad en estas poblaciones del pacífico colombiano, los organismos y la Iglesia solicitan a las autoridades nacionales y departamentales “prestar atención a esta alerta temprana para garantizar la vida e integridad de las comunidades afectadas”.

Igualmente hacen un llamado a “cumplir con sus obligaciones constitucionales dentro de las normas del Estado Social de Derecho”, todo ello en aras de evitar más derramamiento de sangre, porque a fin de cuentas deben “apoyar las iniciativas comunitarias de construcción de paz desde el territorio”.

Finalmente también han exigido a los actores armados “respetar el derecho internacional humanitario” como a la vez “no instalarse en medio de las comunidades ni utilizar a la población civil como escudo humano”.

Foto archivo CEC