Al participar este martes en la presentación del documental ‘Tragedia y crisol del sacerdocio en México’, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola presentó ante diputados la agenda de los derechos humanos de la Iglesia en México.
El también obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey, invitado por la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, hizo en primer lugar un recuento de la relación entre la Iglesia católica y la defensa de los derechos humanos, destacando que no sólo en el campo de la reflexión, sino sobre todo en el de la acción, muchos obispos, sacerdotes y laicos se han convertido en defensores de derechos humanos en medio de dictaduras e injusticias.
Miranda Guardiola consideró que quizás los casos más representativos de una generación de hombres de Iglesia comprometidos con la denuncia y defensa de los derechos humanos en el continente americano sean el de Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, y Samuel Ruiz, quien fuera obispo de San Cristóbal de las Casas en México.
Y añadió: “Oportuno es mencionar a monseñor Juan José Gerardi, obispo Auxiliar de Guatemala, asesinado el 26 de abril de 1998, promotor de la Oficina de Derechos Humanos de este Arzobispado, quien tenía como objetivo, defender dentro y fuera de la Iglesia el valor de la vida, la dignidad de todo ser humano, la necesidad de la paz, el valor de un estado de derecho y el fin de la impunidad”.
Compromisos actuales
Al referirse a los desafíos actuales que tiene la Iglesia en materia de derechos humanos, Miranda Guardiola hizo suyas las palabras del papa Francisco, quien ha señalado que en el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia.
Citó “a los niños por nacer a quienes se les niega el derecho a venir al mundo; a aquellos que no tienen acceso a los medios para una vida digna; a quienes están excluidos de la educación adecuada; a quien está injustamente privado de trabajo o forzado a trabajar como esclavo; a quienes están detenidos en condiciones inhumanas, a quienes son sometidos a torturas o a quienes se les niega la oportunidad de redimirse, y a las víctimas de desapariciones forzadas y sus familias”, entre otros.
Los compromisos de la Iglesia
Tras señalar que el Observatorio Nacional de la CEM tiene registrados 20 centros de derechos humanos operantes en los Estados de México, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas, Tabasco, Tlaxcala y Quintana Roo, el obispo explicó que estos centros son parte de las 2,466 obras sociales de la Iglesia Católica en México.
No obstante, agregó que el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 (PGP) plantea a la Iglesia un desafío fundamental en materia de derechos humanos, del cual se han desprendido varios compromisos pastorales, entre ellos los siguientes siete:
- En primer lugar, generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo con otros actores de la sociedad, para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y el tejido social de nuestro país.
- El segundo compromiso es dialogar y colaborar con la sociedad civil y con los organismos nacionales e internacionales para construir la paz.
- El tercero consiste en apoyar la fundación de centros de derechos humanos en las comunidades cristianas.
- El cuarto es recibir con caridad, acompañar, defender los derechos e integrar a los migrantes que transiten o deseen permanecer con nosotros.
- El quinto tiene que ver con promover el liderazgo femenino y una participación más amplia en la vida de la Iglesia desde un auténtico respeto a su dignidad.
- El compromiso número seis es identificar y acompañar a los grupos vulnerables de la sociedad: mujeres violentadas, indigentes, damnificados, jóvenes en situaciones de riesgo, enfermos y presos, entre otros.
- El séptimo es crear centros de apoyo para el desarrollo integral de las personas, impulsando la promoción económica para el trabajo comunitario y solidario.
Miranda Guardiola explicó a los diputados reunidos en el Auditorio Sur del Edificio A de la Cámara de Diputados, que estos compromisos pastorales están haciéndose ya operativos en las 95 diócesis del país.
“No es una tarea fácil y mucho menos instantánea. Requiere motivación constante, liderazgo, seguimiento y sinergia con las diferentes Instituciones pues son muchos quienes desde otras trincheras trabajan por la persona, su dignidad y sus derechos”, concluyó.
