Los Maristas de Cataluña-Fundación Champagnat aceptan la responsabilidad civil subsidiaria si el exprofesor condenado por abusos no paga. La Audiencia de Barcelona condenó ayer a 21 años y 9 meses de prisión a Joaquín Benítez por haber abusado sexualmente de cuatro alumnos, dos de forma continuada. La sentencia recoge también una indemnización total para las cuatro víctimas de 120.000 euros.
El texto judicial justificaba la responsabilidad civil subsidiaria reconociendo que “no se ha atribuido al asegurado, la Fundación Champagnat, la producción voluntaria del daño, sino todo lo contrario, una conducta imprudente por falta de control sobre la conducta dolosa de un empleado dependiente”.
“Ciertamente el señor Benítez era un trabajador de los maristas y aceptamos que si no puede responder a las indemnizaciones que se tienen que pagar a las víctimas, la institución, o su seguro, se tendrá que hacer cargo y no tenemos ningún problema en responder a este mandato judicial”, afirmó el coordinador del equipo de Protección de la Infancia de Maristas Cataluña, Raimon Novell, como recoge Europa Press.
Novell quiso recordar también que en 2011 denunciaron a Benítez y afirmó que han estado trabajando, “independientemente del recorrido judicial, para que los casos que están prescritos tengan otro tipo de tratamiento”. Y ha continuado: “Ahora se ha dado la resolución de un caso doloroso por el que nosotros siempre hemos pedido perdón, sabemos y hemos de asumir que han pasado cosas en nuestros centros que nos saben mal pero desde el primer momento nosotros hemos estado colaborando con la justicia para que en el día de hoy pudiera producirse esta sentencia”.
Del mismo modo, agregó que “asumimos lo que tenemos que asumir”, porque “nosotros no hemos sido juzgados ni condenados, queríamos ser acusación particular y pudimos y hemos estado como testigos en este juicio”.
Previamente, a través de un comunicado, los religiosos reconocían que era una sentencia “esperada y deseada”, ya que son “los primeros interesados” en que la Justicia actuara. La fundación que aglutina a los centros maristas en Cataluña destacó que en 2016 pidió al Congreso de los Diputados que no prescribieran los delitos sexuales relacionados con menores, y que el Consorcio de Educación de Barcelona ese mismo año determinó en un expediente que los maristas habían actuado correctamente en la gestión del caso del exprofesor.