Con la firma del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, y del obispo Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile (CECH), Fernando Ramos, el convenio entre ambas instituciones entró en vigencia de inmediato y rige para toda la iglesia en el país.
Se trata de un acuerdo de colaboración e intercambio de información para favorecer el desarrollo de investigaciones pasadas, en curso o próximas, que involucren delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en contra de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de discapacidad.
La CECH se comprometió a, una vez conocidos eventuales hechos criminales, derivar los antecedentes a la Fiscalía dentro de las 24 horas siguientes. Mientras, el Ministerio Público reiteró su compromiso de otorgar el mayor nivel de confidencialidad, protegiendo la identidad y antecedentes de las víctimas con el fin de cuidar su intimidad, entendiendo la gravedad de estos delitos.
Fernando Ramos dijo que “cuando se trata de buscar la verdad y justicia en delitos de abuso sexual a menores de edad, el Ministerio Público y la Iglesia Católica no somos contrapartes sino colaboradores, porque nos anima la misma meta. Al menos desde la Conferencia Episcopal, con la adhesión de todos los arzobispos y obispos diocesanos, así como los administradores apostólicos equiparados en derecho, hacemos nuestro lo que se establece en el Convenio que hoy firmamos y, al haber aprobado que este sea un anexo a las Líneas Guía “Cuidado y esperanza” del año 2015, este convenio rige para todas y cada una de las jurisdicciones eclesiásticas de Chile”.
Ramos señaló también que este es un convenio muy novedoso a nivel mundial y que las autoridades de la Santa Sede lo miran con atención.
Críticas de denunciantes
Sin embargo, el Convenio está recibiendo críticas como la del diputado René Saffirio quien expresó: “Imposible encontrar algo más ilegal e inmoral que el convenio de colaboración firmado hoy entre el Ministerio Público (órgano que debe investigar y perseguir delincuentes) y la Iglesia Católica (institución investigada por delitos sexuales contra menores)”.
Por su parte, Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes de Karadima y severo crítico, dijo en twitter: “Da asco ver al Fiscal Abbott firmar un convenio y dejarse engañar por el episcopado, Ramos, González, Ana Celis y otros. Todos encubridores, cuestionados que están aterrados de ir a la cárcel. ¡Hagan un convenio con las víctimas q son quienes requieren justicia!”
José Andrés Murillo, otro denunciante de Karadima, también cuestionó el convenio: “La Iglesia chilena acaba de ser condenada por encubrir abusos sexuales y ahora el Ministerio Público se compromete en un convenio a resolver todo amigablemente. ¿Qué significa esto?”
Desde la Fiscalía Nacional respondieron al diario La Tercera que con este convenio “se busca elevar el estándar legal de obligación de denunciar y reforzar las medidas de protección a las víctimas, incluyendo a las mayores de edad, respecto de las cuales las Fiscalía no puede investigar de oficio”, aludiendo a las críticas recibidas hoy.
Agregaron que este convenio lo que hace “es regularizar y hacer vinculante en todo el país el proceso de trabajo iniciado en 2018 con la Comisión de Escucha, creada por Charles Scicluna, consistente en facilitar la derivación directa hacia la Fiscalía de víctimas que denuncien en instancias de la Iglesia, con el fin de facilitar su participación y evitar que desistan del proceso penal. Esta forma de trabajo ha permitido que, a la fecha, la Fiscalía haya recibido más de 50 denuncias por esta vía, con lo cual se han iniciado las respectivas investigaciones o, bien, se han entregado esos antecedentes a las fiscalías que ya estaban investigando tales hechos”.
Acuerdo de cooperación
Este ha sido un paso esperado en el proceso que se inició en junio pasado cuando el arzobispo Charles Scicluna, enviado papal para investigar los abusos en Chile, se entrevistó con Abbott para establecer lazos de coordinación. En esa ocasión el arzobispo de Malta señaló que “se trató de hablar sobre la necesidad existente entre iglesia y Ministerio Público de cooperación para poder establecer la existencia de los hechos y la responsabilidad de los integrantes de la iglesia en materia de abuso”. Dijo, además, que “el compromiso es de la mayor colaboración por parte de las dos instituciones, estableceremos un sistema de relacionamiento de manera que las personas tengan la certeza que nuestras unidades de víctimas y testigos les brindarán la protección necesaria para hacer las denuncias”.
Como un signo de hacer efectivo el Convenio el mismo día de su firma y entrada en vigencia, fueron invitadas seis congregaciones religiosas. En el acto estuvieron presente representantes de los Padres de Schönstatt, de los Hermanos Maristas y de los Salesianos, los que también firmaron su adhesión.
