La Fiscalía Nacional anunció que el convenio firmado el martes pasado con la Conferencia Episcopal de Chile ha sido revocado y queda sin efecto. El fiscal nacional, Jorge Abbott, entrevistado hoy por el diario La Tercera expresó: “Escuché a las víctimas y me pude dar cuenta de que todo esto tenía un efecto simbólico que no previmos, no fuimos capaces de percibir esto antes de firmar el convenio. Asumo ese error, el error fue hacer esto sin escuchar a las víctimas antes. Por eso tras recibir a la Fundación para la Confianza el viernes y (otras víctimas) llegamos a la determinación de que debíamos, por las víctimas, dejar sin efecto todo”, explicó.
Confianza dañada
Al salir de ese encuentro el abogado de la Fundación para la Confianza, Juan Pablo Hermosilla, expresó que “las confianzas han sido dañadas y no va a ser fácil reconstruirlas. Este convenio fue un error. Y la obligación que tienen los obispos de Chile de cumplir la ley no emana de este convenio, emana de la Constitución de Chile”.
José Andrés Murillo, uno de los denunciantes de Karadima, señaló que “se ha dañado la confianza de las personas que buscan en el Ministerio Público un ente de protección a las víctimas y persecución de los delitos. Ellos (la Fiscalía) están dispuestos y buscan trabajar para restablecer la confianza dañada de todas las personas que han sido víctimas”.
La misma Asociación de Fiscales calificó de “error” este Convenio, a lo que se sumó la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Ymay Ortíz, quien sostuvo que “no vamos a claudicar de nuestra obligación constitucional de investigar todos los delitos que tengan relación con abusos cometidos al interior de la Iglesia”. Además, lamentó que el acuerdo haya llegado “de forma dolorosa” a las víctimas. “Nos hace mucho sentido que, simbólicamente, les causara muchísimo dolor” y agregó que “vamos a hacer todo lo posible para que esas confianzas, que hoy día aparecen quebradas, puedan ser reconstruidas”.
Una vez conocida la revocación del Convenio, la Conferencia Episcopal (CECh) emitió un comunicado expresado que acepta la decisión de la Fiscalía y reiterando su voluntad de colaboración con las investigaciones. “Nuestro único propósito al suscribir este acuerdo fue dar mayores garantías a las personas denunciantes de abuso sexual, especialmente a quienes no desean hacer su relato ante las instancias del Estado, y colaborar para que toda denuncia sea investigada por el Ministerio Público”, expresó la CECh. Lamentó, además, “que la firma de este convenio haya causado un impacto doloroso en víctimas y sobrevivientes de abuso. No era esa nuestra intención”, dice el comunicado.
Víctimas invisibilizadas
Abbott, explica en su entrevista al diario La Tercera, que “la razón para llegar a un convenio con la Conferencia Episcopal básicamente fue el éxito que se tuvo y que se ha tenido, hasta ahora, con la Comisión Escucha, con la Comisión Scicluna. A través de ella hemos tenido más de 60 denuncias que están en actual investigación. Entonces nuestra reflexión fue ‘¿Cómo poder llegar a aquellos católicos que aún están bajo el alero de la Iglesia, que aún tienen vinculación con la jerarquía eclesiástica, que tienen una estrecha relación con los sacerdotes, cómo poder llegar a esas víctimas que siguen estando invisibilizadas?’”. Abbott puso como ejemplo de esto a las víctimas del jesuita Renato Poblete que hasta ahora no han formalizado su denuncia ante la justicia civil.
La Comisión Escucha fue creada en junio pasado durante la segunda visita del arzobispo Charles Scicluna, enviado por el Papa Francisco para abordar el tema de los abusos de eclesiásticos en el país. Aunque funciona en la CECh, es un apoyo derivado del compromiso de cooperación con la Fiscalía, adoptado por el arzobispo de Malta con el Fiscal Abbott.
