“Ahora tenemos una ley universal que determina los pasos fundamentales para la investigación de un miembro de una congregación, obispo o superior mayor, religioso o religiosa, lo que es una clara señal de que incluso el liderazgo está supeditado no solo a la ley de Dios sino también a la canónica”, ha dicho el cardenal Charles Scicluna en un encuentro con la prensa hoy para presentar la carta apostólica en forma de motu proprio ‘Vos estis lux mundi’ (vosotros sois la luz del mundo), promulgada hoy, 9 de mayo, por el Papa Francisco. En el encuentro ha participado también Juan Ignacio Arrieta, secretario general del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.
De esta manera, si bien “no se puede decir que antes de esto no se hicieran investigaciones”, Scicluna ha subrayado que el documento supone que cualquiera dentro de la jerarquía eclesial debe “responder de sus crímenes”, por lo que “no hay inmunidad, nadie, ni siquiera en un puesto de liderazgo, está por encima de la ley”. Por su parte, Arrieta ha apuntado el “coraje” que ha mostrado Francisco con este texto y con sus actos para desenmascarar los abusos en la Iglesia.
Arrieta ha reiterado que el texto es una “ley pontificia universal” que, si bien no introduce nuevos tipos de delitos, busca “formas seguras de abordar informaciones potencialmente criminales” y “verificarlas sin demora por medio de una investigación adecuada, para iniciar los procedimientos apropiados”. Y es que, como ha añadido Scicluna, “no se trata de inventar la rueda o hacer un comentario a las leyes que ya tenemos, sino de proporcionar procedimientos sobre lo que se necesita hacer para denunciar y luego para la investigación”. En opinión del purpurado, esto “es muy importante” porque el documento, que entrará en vigencia el 1 de junio de este año, “es el resultado del compromiso de potenciar el liderazgo, pero también es un compromiso con la transparencia”.
Métodos de escucha activa
“Una de las cosas más importantes del motu proprio es que establece la obligación de los obispos de establecer de manera estable, accesible y segura en su diócesis uno o más sistemas para recibir informes, siguiendo las indicaciones de su respectiva Conferencia Episcopal”, ha apuntado Arrieta, a lo que ha añadido la novedad de la obligación de clérigos y religiosos de “informar si tienen noticias o razones para creer que la conducta de algún miembro de la Iglesia” es susceptible de ser investigada. Y es que, en esta etapa del proceso, “es importante la protección de las víctimas”.
“No solo se trata de la obligación de informar, sino de convertir las iglesias locales en instalaciones para escuchar”, ha apostillado Scicluna, para quien aceptar la denuncia tiene que ver, además, con “la aceptación y atención a la dignidad de las víctimas”.
Mayor cercanía a las víctimas
Para los dos prelados, lo más innovador del motu proprio se encuentra en la “forma de gestionar las posibles informaciones” de casos de abusos por parte de los obispos y otros consagrados de los que sean informados mientras “ocupan altos cargos”. De esta manera, toda persona dentro de la Iglesia tiene la “obligación de informar inmediatamente” sobre los casos de abusos de los que sea notificado a la autoridad eclesial.
En cuanto a los procedimientos, si bien “existen métodos ya establecidos a lo largo de los siglos para investigar y posiblemente castigar a los obispos diocesanos, haciendo uso de la asistencia de las Nunciaturas Apostólicas y de las visitas canónicas” y esto va a continuar de la misma manera, Arrieta ha explicado que lo que establece el documento es que el sistema se lleve a cabo desde una “mayor cercanía a los lugares donde se hicieron los hechos para favorecer la contextualización y un mejor conocimiento de las circunstancias o incluso las necesidades específicas de las comunidades”.
Por otra parte, Arrieta ha subrayado que las investigaciones se deben llevar a cabo adoptando “métodos apropiados en caso de escuchar el testimonio de menores o personas vulnerables”, así como “respetando la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad y haciendo uso de la ayuda de personas adecuadas, incluso fieles laicos”. Además, Arrieta ha apuntado que las investigaciones “deben concluirse en 90 días”, durante los cuales el obispo de la localidad donde se esté llevando a cabo debe informar de forma mensual a la Santa Sede.
