Los obispos de México, encabezados por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, se sumaron a las conferencias episcopales de otros países en agradecimiento al papa Francisco por la reciente publicación del motu proprio ‘Vos estis lux mundi‘, que busca aportar líneas de acción contra los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
La carta apostólica publicado el pasado 7 de mayo, establece, entre otras cosas, nuevos procedimientos para la denuncia de delitos cometidos por clérigos en materia de violencia sexual, abuso sexual de menores, pornografía infantil y encubrimiento; además se refiere a la responsabilidad de los obispos y superiores religiosos para cumplir con la ley canónica y civil cuando se presente algún caso, y resalta la obligación de las diócesis de establecer sistemas accesibles al público para presentar denuncias sobre posibles casos.
Para los obispos mexicanos, la presentación del motu proprio los motiva a acelerar el paso para cumplir con los compromisos adquiridos desde la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a fin de prevenir y erradicar este flagelo en el país, principalmente, actualizando las Líneas Guía adoptadas en 2016, así como los demás protocolos en materia civil aprobados en 2017, para aplicarlas de modo consistente en la vida eclesial.
El organismo destacó como un paso importante que en la CVII Asamblea Plenaria de la CEM –celebrada hace unos días– se aprobara el plan estratégico 2019-2021 del Consejo Nacional de Protección de Menores, incluyendo como uno de sus objetivos prioritarios dicha tarea de actualización.
A través de un comunicado publicado este lunes, la CEM estableció varios principios para dar una respuesta efectiva ante la situación que vive la Iglesia en México.
En primer lugar, dejó en claro que la responsabilidad de la Iglesia ante un caso de delito sexual por parte de un clérigo, implica observar no sólo lo previsto por el Derecho Canónico, sino también cumplir con la legislación penal mexicana, por lo que deberá informarse a las autoridades, ofrecerse a colaborar en las investigaciones y aportar los elementos de prueba que le sean requeridos por la autoridad.
“Informar a las autoridades civiles es indispensable, ya que, si la atención de los asuntos queda circunscrita únicamente al ámbito canónico y se omite el involucramiento de las autoridades civiles, se corre el grave riesgo de distorsionar un principio elemental de justicia”, señala el texto.
Advierten que si no se asume como Iglesia el compromiso de aplicar este principio, se estará contribuyendo a la creación de fueros especiales de facto, y fomentando “la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse”.
En este sentido, los obispos hicieron un llamado a los clérigos diocesanos o religiosos que tengan noticia o motivos fundados para creer que se ha cometido alguno de los delitos, informar del mismo al Obispo del lugar donde habrían ocurrido los hechos o al superior mayor si se trata de un instituto clerical de derecho pontificio.
Finalmente –dice el texto– hemos de ser conscientes de que “la conversión a la que estamos llamados como Iglesia en esta materia, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad”.