“No hubiera deseado llegar a este punto”. Así se manifestaba esta mañana Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón, al llegar al juzgado donde se revolverá el litigio que enfrenta desde 1995 a esta diócesis con la de Lérida a cuenta de 111 obras de arte, conocidas como los Bienes de la Franja, pertenecientes a parroquias aragonesas que habían estado adscritas a la sede catalana, pero que en ese año pasaron a depender de la oscense, recién erigida.
Pueyo declaró a la entrada del juzgado de Barbastro que la decisión de recurrir a la justicia civil fue “triste”, pero se mostró decidido a “darlo por todo” por su diócesis, en un juicio que, como recoge la prensa local, supone “una cita histórica” y con “una gran expectación mediática, 50 profesionales de los medios de comunicación están cubriendo un juicio inédito en España”.
En el juicio, que concluirá mañana martes, 17 de mayo, serán interrogados el obispo de Barbastro Monzón, y el de Lérida, Salvador Giménez Vals, como partes demandantes y demandadas, respectivamente. Posteriormente comparecerán como testigos Alfonso Millán Sorribas, obispo emérito de Barbastro-Monzón, Pedro Escartín Celaya, secretario canciller del mismo, y Enrique Calvera Nerín, delegado de Patrimonio también de ese Obispado. A continuación tendrán lugar otros testimonios y pruebas periciales.
El papa Francisco ha decretado “dimisión ex oficio y del estado clerical” de Pedro Jiménez Arias, un sacerdote de Ciudad Real que fue denunciado por presuntos abusos sexuales a nueve menores en el Seminario Menor de Ciudad Real, caso que sigue abierto en instancias judiciales civiles, y cuya vista se celebrará del 30 de septiembre al 5 de octubre.
El decreto del Papa, que es inapelable “al ser emanado por la suprema autoridad”, según comunicado difundido el miércoles 15 de mayo por el Obispado de Ciudad Real, obedece a la negativa del clérigo a cumplir la pena canónica que la Iglesia le impuso una vez investigados los hechos: reclusión en un monasterio durante cinco años con asistencia espiritual y psicológica, según recoge el diario Las Provincias.
Dicha pena, confirmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue comunicada al sacerdote en repetidas ocasiones para que fuese cumplida, pero el procesado jamás quiso ingresar en el monasterio. Ante esta reiterada desobediencia y ante “la falta de fundamentación de su negativa y el grave daño producido a la Iglesia y a la dignidad del sacerdocio”, según el Obispado ciudadrealeño, el caso fue presentado al Papa Francisco que ahora no ha dudado en expulsar al cura.
Los hechos se remontan a principios de 2016, cuando el rector del Seminario Menor fue informado de los presuntos abusos y el obispo, Antonio Algora, decidió abrir una investigación canónica que confirmó la denuncia. La fiscalía civil ha pedido 40 años de cárcel por 9 casos de abusos.
La participación, el próximo mes junio, del arzobispo maltés Charles Scicluna, mano derecha del papa Francisco en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia, en la Asamblea Plenaria del Episcopado polaco, ha desatado en la prensa del país especulaciones sobre el verdadero sentido de su presencia.
Según la diputada del partido opositor Spring, Joanna Scheurnig-Wielgus, el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe “no viene de viaje a Polonia, sino que viene para investigar la magnitud del abusos de menores por parte de los sacerdotes”.
Según esta activista, esta visita, anunciada por el primado polaco en marzo pasado, “es una consecuencia directa de la presentación en el Vaticano del informe ‘No tengas miedo’, elaborado por una organización con ese mimo nombre, y que documentaba 400 casos de abusos. “Scicluna no vendrá aquí a pasar el fin de semana, vendrá aquí para tomar medidas”, según recoge la prensa, que recuerda que el arzobispo maltés fue el que hizo la investigación de la pederastia en la Iglesia chilena, “fruto de la cual 32 jerarcas presentaron su renuncia al Papa, algunas de la cuales fueron aceptadas”.