Un reportaje en televisión, hace un año, que denunció al párroco de Paredones agregó la existencia de una organización de presbíteros denominada ‘La Familia’ que, sugería, podría estar dirigida a actividades relacionadas con la pederastia. ¡Escándalo y estupor en todo el país! La iglesia diocesana de Rancagua, en estado de shock.
Coincidía el mismo día que los obispos chilenos regresaban de Roma donde había sido citados por el Papa Francisco quien les hizo ver la profunda crisis que atraviesa la iglesia en su país. Todos los obispos dejaron su renuncia en manos del Papa.
La denuncia había sido presentada ante la Fiscalía Regional motivando al obispo de Rancagua, Alejandro Goic, a iniciar investigaciones previas y adoptar medidas cautelares suspendiendo de sus funciones públicas a 14 sacerdotes.
La denunciante dijo haberse reunido 4 veces con Goic exponiéndole sus acusaciones contra sacerdotes y que éste no había actuado. Entrevistado por canal 13 de televisión, Goic aseguró que “no hubo denuncia formal” y que “nunca recibí una prueba concreta”, por lo que no abrió investigación.
En el reportaje de canal 13, Elisa Fernández, la denunciante que fue coordinadora de pastoral juvenil en la diócesis de Rancagua, apuntó a la existencia de un grupo organizado: “No sé si llamarlo cofradía, secta o grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de curas y con respecto a jóvenes, por lo menos en mí época, de entre 15 y 29 años”. En el reportaje se explicó que este grupo tenía una estructura piramidal integrada por cerca de diecisiete sacerdotes.
Pocos días después, un segundo reportaje incluyó las afirmaciones de un ex sacerdote de Rancagua sobre conductas inadecuadas en el clero. También la denunciante solicitó al Vaticano que el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, quede excluido del equipo investigador de los hechos que habrían ocurrido en la diócesis. En carta dirigida a la Santa Sede, y de la que informó canal 13 de televisión, Fernández pide que en lugar del prelado se nombre un investigador externo “que sea imparcial”.
Cuando, en septiembre, la Defensoría Penal Pública logró que 3 sacerdotes fueran sobreseídos en sus procesos, su jefe de estudios, Víctor Providel, se refirió a la lentitud del proceso apuntando a la debilidad de la acusación y que “al menos 10 personas sindicadas como víctimas ya han ido a declarar y señalan que nunca han sufrido abusos”.
Por su parte, el fiscal Sergio Moya afirmó que ‘La Cofradía’ o ‘Familia’ no existe. “Tenían ciertas vinculaciones estrechas, dijo a la prensa, pero esas vinculaciones y esa estructura que de alguna forma fue dada a conocer por un programa de televisión no tiene relevancia desde el punto de vista investigativo-criminal”.
Agregó que, efectivamente, “hay personas que han incurrido en conductas que revisten carácter de delito, otros que no, pero una estructura tan formal como llegar a plantear que aquí hay una especie de estructura, lo descartamos”.
Providel reforzó esa afirmación al afirmar que “el Ministerio Público reconoce públicamente que esta organización denunciada originalmente y que dio origen a todas estas medidas intrusivas, no existe. No existe La Familia, no existe La Cofradía, no existe una red de protección al interior de la Iglesia católica, por lo tanto la investigación va cayendo a medida que avanzan pruebas”.
De este modo, al paso de los meses la Justicia civil ha sobreseído a ocho de los catorce sacerdotes acusados. Otros tres han renunciado al ministerio lo que ha sido acogido por el Santo Padre, según informó el Obispado de Rancagua. Los tres restantes están aún pendientes del fallo judicial.
La pérdida de confianza en la iglesia ha aumentado notablemente según las encuestas. En Rancagua se agrega le extendida desconfianza frente a todos los sacerdotes y consagrados generada por la fuerte difusión pública que tuvo la denuncia y los casos apuntados por los medios de comunicación.
Hace algunas semanas el fiscal nacional, Jorge Abbott, en su cuenta pública a la nación, informó que ese organismo lleva 164 causas por abusos en la Iglesia Católica, que involucran a 220 personas investigadas y 246 víctimas, de las cuales la mitad son menores de edad.