Franco se queda, de momento, en el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, tal y como había solicitado la familia del dictador, según resolución aprobada esa mañana por los magistrados de la sección cuarta de lo Contencioso-Administrativo.

De esta manera, no se llevará a cabo esa operación, anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez para el próximo lunes 10 de junio, con la intención de reinhumar posteriormente los restos del ex jefe de Estado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde reposan los restos de su esposa, Carmen Franco.

De hecho, el pasado 11 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto que daba cuenta de la adquisición, por parte del Gobierno socialista, del panteón que acogerá el cadáver del militar, en lo que se pretende que sea el último capítulo de una rocambolesca tramitación administrativa que se ha encontrado con más dificultades de las inicialmente previstas por el Ejecutivo de Sánchez.

Exhumación por real decreto

Todo comenzó el pasado mes de agosto, cuando poco más de dos meses después de que una moción de censura contra Mariano Rajoy llevase a Pedro Sánchez a La Moncloa, un real decreto ordenaba la exhumación de Franco de la basílica benedictina del Valle de los Caídos.

Sin embargo, la premura y el ansia por dar signos elocuentes de determinación para un Ejecutivo que nacía bajo el signo de la precariedad de fuerzas parlamentarias (el PSOE tenía 84 diputados), hizo que ni se midiesen bien los tiempos ni se tuviesen en cuenta a la partes, entre ellas, fundamentalmente a la familia, pero también a la Iglesia.

Y así, desde el primer instante, se encontró con la oposición de los nietos del dictador, que, perfectamente pertrechados jurídicamente, consiguieron ir paralizando las medidas que ponía en marcha el Ejecutivo, cuando no adoptando decisiones que dificultaban aún más una decisión política que se había convertido en el objetivo principal de una legislatura que se adivinaba muy cuesta arriba.

La opción de La Almudena

Y una de las decisiones que más quebraderos de cabeza dieron los Franco al Gobierno de Sánchez –y en respuesta a lo que contemplaba el citado real decreto– fue la de permitir la exhumación del Valle de los Caídos siempre y cuando sus restos fuesen trasladados a una cripta en la catedral de La Almudena, donde la familia posee en propiedad una sepultura, en la que reposan los restos de la hija y el yerno del militar.

Estas dificultades iban agotando los plazos prometidos por el Ejecutivo y obligándole a improvisar nuevas actuaciones, la última, aquella que prohibía que Franco reposase finalmente en La Almudena, en el centro de Madrid y al lado del Palacio Real desde donde arengaba a las masas, esgrimiendo razones tanto de seguridad como de peligro de exaltación del fascismo, explícitamente especificado en la Ley de Memoria Histórica.

También la Iglesia se ha visto salpicada por la polémica desde el inicio de este asunto, por la negativa del prior del Valle de los Caídos a acceder a la dependencias de la basílica para proceder a la exhumación mientras siguiesen pendientes de resolución las diferentes alegaciones jurídicas interpuestas por la familia.

El asunto llega al Vaticano

En todo caso, el propio prior, Santiago Cantera, suavizó un tanto su postura inicial una vez que fue invitado a colaborar por el propio presidente del Episcopado, el cardenal Ricardo Blázquez, como así hizo.

Sin embargo, ni tan siquiera la entrevista de la vicepresidenta Carmen Calvo con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, para desatascar un contencioso que estaba minando al Gobierno, consiguieron el objetivo de que las autoridades eclesiásticas desautorizasen al prior, como sí había afirmado la vicepresidenta que le habían asegurado que harían en el Vaticano.

Y así, hasta llegar a este penúltimo capítulo con la paralización cautelar de hoy del Supremo, adoptada por unanimidad de los cinco miembros, que basan su resolución en el “perjuicio” que se le causaría a la familia, pero también “a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales”, si después de exhumados los restos el próximo día 10 de junio, se acabara estimando el recurso de los Franco y fuera preciso devolver los restos de su abuelo al Valle de los Caídos.