La plataforma Enlázate por la Justicia, promotora de la iniciativa ‘Si cuidas el planeta, combates la pobreza’, ha emitido un comunicado con el objetivo de denunciar la “historia de sangre” que se oculta – por los abusos sociales y medioambientales que se cometen – tanto en el proceso de fabricación como en el uso diario de los teléfonos móviles, y que han hecho público hoy, 5 de junio, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente.
De esta manera, entidades como Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), se han unido para remarcar que, a nivel mundial, “casi dos de cada tres personas de entre 18 y 35 años” poseen un smartphone y que, “en sólo 10 años, se han producido más de 7.000 millones de estos dispositivos”, aproximadamente el mismo número de habitantes que hay en el planeta.
“Aunque estos teléfonos de última generación pueden ser inteligentes, elegantes, pulcros, rápidos, dependen de elementos físicos sin los cuales no sería posible su fabricación ni su funcionamiento”, explican. Y es que, un móvil estándar “contiene entre 500 y 1.000 componentes distintos”, cuya extracción y procesamiento generan “unos 75 kg de desperdicios por teléfono”.
Impacto social y medioambiental
Por otra parte, la plataforma recuerda que algunos de estos elementos son recursos “caros y escasos”, que además están relacionados de forma directa con “abusos sociales y medioambientales”. Por este motivo, “el impacto ambiental de la producción de smartphones es tan alto que para compensar las emisiones de gases efecto invernadero tendríamos que usar cada dispositivo entre 33 y 89 años”. Sin embargo, en Europa se renueva cada año alrededor del 40% del parque de móviles existentes, lo que suponen unos 18 millones de móviles sólo en España.
“Si bien la vida útil de un aparato es de unos 10 años, batería aparte, el tiempo medio de utilización se sitúa entre el año y medio y los dos años y medio”, apuntan. Asimismo, Enlázate por la Justicia pone el foco en República Democrática del Congo, Ghana y la Amazonía. “La R.D. Congo, es un país muy rico en recursos naturales, está en el ojo del huracán al ser una región productora de cobalto, cobre, uranio, oro, diamantes, casiterita y coltán”.
“Cada kilo de coltán le cuesta la vida a dos personas”
La explotación y el contrabando de este último se debe a “la enorme demanda internacional de productos electrónicos, especialmente de la tecnología móvil, en la que es imprescindible el tantalio, que se extrae del ya citado coltán”. Y es que 80% de las reservas mundiales de este mineral se encuentran en el Congo y “su explotación está ligada a la violación de derechos humanos, la destrucción del medioambiente y la financiación de los conflictos existentes en la región”. De hecho, se estima que la extracción de cada kilo de coltán “le cuesta la vida a dos personas” en Congo.
“Agbogbloshie es un barrio de Accra, la capital de Ghana, donde viven unas 40 mil personas bajo condiciones de extrema pobreza”, explican. “Desde hace una década, esa zona urbana es también uno de los cementerios de basura electrónica procedente de Europa y Norteamérica más grandes del mundo. Este lugar se considera uno de los lugares más contaminado del continente africano, principalmente por metales como plomo, berilio, cadmio o mercurio”.
Mientras, la Amazonía es otro de los escenarios donde se sufren los efectos medioambientales de la extracción minera ligada a las nuevas tecnologías. “En la época de auge de explotación de oro, que también está presente en los teléfonos móviles, cerca del 20% de la población Yanomami murió a causa de enfermedades, hambre, violencia y otros impactos generados por la minería ilegal”, subrayan. Debido a la falta de control de esta actividad, los territorios indígenas “enfrentan graves peligros de destrucción, contaminación de agua, acumulación de residuos sólidos no biodegradables, afectando no solo a la naturaleza y a los hábitats de diversos animales sino a la forma de vida de estas comunidades indígenas”.
Una ventana a la esperanza
Sin embargo, la plataforma destaca que la entrada en vigor en toda la Unión Europea, en enero de 2021, del Reglamento sobre los minerales en zonas de conflicto “abre una ventana a la esperanza”, ya que con ella “se pretende garantizar” que los importadores europeos de estos materiales “cumplan las normas internacionales responsables de abastecimiento establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, así como que las fundiciones y refinerías de los mismos “se abastezcan con responsabilidad”.
Todo esto contribuirá a “romper el vínculo entre conflicto y explotación ilegal de minerales”, así como a “acabar con la explotación y los abusos contra las comunidades locales, incluidas las personas que trabajan en las minas, y fomentar el desarrollo local”. Sin embargo, señalan que “sería deseable que este Reglamento obligatorio se fuese ampliando a otras materias primas y a toda la cadena de suministro”.
