La Mesa por la Hospitalidad del arzobispado de Madrid ha presentado esta misma mañana una queja ante el Defensor del Pueblo por “la falta de respuesta y manifiesta descoordinación entre administraciones que ha conducido a que decenas de personas que buscan protección internacional y humanitaria, entre ellas, mujeres embarazadas, con bebes, niños y niñas –uno con parálisis cerebral– tengan que estar durmiendo estas noches en varias parroquias de Madrid para no quedar al raso”.
De esta manera lo ha expresado José Luis Segovia, vicario de Pastoral Social de Madrid, en el escrito en el que solicita la ayuda del órgano. “Sorprendentemente, un año más, a pesar de que era manifiestamente previsible y se ha venido reiterando desde múltiples instancias, las administraciones públicas siguen dando muestras de improvisación y absoluta descoordinación a la hora de afrontar el desafío estructural de los flujos de personas desplazadas forzosamente y que llegan a Madrid sin contar con un lugar en el que se dignamente atendidas”, reza el texto.
De hecho, añade: “Esta situación afecta de manera especialmente grave a personas en situación de alta vulnerabilidad, como es el caso de mujeres embarazadas, con bebés o niños con discapacidad que demandan protección internacional, entre otras situaciones”.
Un dispositivo “en condiciones”
El sacerdote denuncia la situación porque en los últimos días, “la ausencia de respuesta efectiva” del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, de la Comunidad de Madrid y ante la saturación del Samur Social del Ayuntamiento, “varias decenas de personas se han visto literalmente en la calle, sin ser acogidos por ninguna administración”.
La Iglesia madrileña reclama que la capital de España “debería contar con un dispositivo en condiciones por parte del Gobierno capaz de atender con calidad y calidez los flujos de personas que se producen en determinados momentos en demanda de protección internacional o humanitaria”. Por ello, reclama que “no se deje en el trastero la cultura de los derechos humanos y del humanismo cristiano del que todos somos herederos”.
Segovia tilda de “vergonzosa” al situación para un país “avanzado” como España, máxime cuando “era previsible y evitable”. Así, ante el “ayuno de diligencia”, solicita al Defensor del Pueblo que inste a las autoridades a “dar una respuesta programada, dotada de una intervención integral y con los recursos materiales y medios humanos idóneos, como merecen unas personas que arrastran una historia de vida repletas de tragedias y de enorme dolor”.
El arzobispado pide también que inste a las tres administraciones –Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento– a sentarse para atajar el problema antes de que “las consecuencias sean fatales”, porque “las víctimas de esta negligencia institucional no pueden esperar a la formación de los equipos de gobierno en las respectivas administraciones”.
