Las acciones administrativas que se han implementado en México tras la firma del acuerdo con Estados Unidos para contener la migración centroamericana que transita por territorio nacional, “obstaculizan el libre tránsito, no sólo para esta población, sino también para las personas mexicanas”.
Así lo advirtieron, a través de un comunicado, más de cien organizaciones no gubernamentales y religiosas que exigen al Estado mexicano frenar estas medidas.
Una medida inconstitucional
El pasado 16 de abril, la Secretaría de Gobernación circuló un oficio a través del cual pide a las compañías de autotransporte de pasaje y turismo en el país apoyar el cumplimiento de la Ley de Migración, bajo el argumento de que muchos traficantes ocupan los servicios de transportación terrestre de pasaje y turismo.
En este sentido, las organizaciones explicaron que, por ley, las compañías de transporte únicamente tienen responsabilidad administrativa o penal si llevan a personas indocumentadas con conocimiento y con el propósito de evadir las leyes, y además lucran al hacerlo.
“Si una persona indocumentada –aclaran– se sube a un autobús dentro de México y paga su boleto, eso no es responsabilidad de las compañías de transporte, pues éstas no son autoridades para verificar el estatus migratorio”.
Ponen como ejemplo que en días pasados el Grupo Flecha Amarilla de autotransporte y Autobuses de Oriente ADO emitieron un anuncio en el que señalan que, por disposición del gobierno federal, para abordar alguno de sus autobuses se les solicitará un documento de identidad, ya sea credencial del Instituto Nacional Electoral, Cartilla Militar, Pasaporte, Cédula Profesional o Licencia de manejo. “Esto es claramente inconstitucional por violar el derecho al libre tránsito, la garantía de privacidad, y la no discriminación”.
El riesgo
Aseguran las organizaciones firmantes que no existe, en la práctica, ninguna identificación que acredite la identidad en México, pues no se ha cumplido con la implementación de la Cédula Única de Identidad que señalan la Ley General de Población y su Reglamento, tanto para personas adultas como para menores de 18 años de edad, quienes, bajo estas circunstancias tendrían que portar su acta de nacimiento para identificarse.
Advierten también que estas medidas excluyen a millones de personas que viven en México, y que no cuentan con estos documentos, y transitan por las carreteras del país en los diferentes sistemas de transporte, de los cuales, muchas son indígenas.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, 89 millones de personas cuentan con su credencial, pero hay muchas que aún no la tienen, y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 10 por ciento del total de la población en México tiene pasaporte; y el uno por ciento de las personas que terminaron una carrera cuenta con cédula profesional.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran: el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A.C. (INEDIM); OXFAM México; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México- Tijuana, Servicio Jesuita a Refugiados México; Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin Fronteras, IAP; Casa del Migrante en Tijuana AC; Instituto Madre Assunta; Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Universidad Nacional Autónoma de México; Las Patronas (Veracruz) y Save The Children México.
