Alrededor de unas 5.000 personas salieron a protestar este 25 de junio en el departamento de Villavicencio, ante la grave crisis que atraviesa la región del Ariari y la Orinoquía, por el cierre de la vía – con más de 20 días– que comunica a Bogotá con 7 departamentos de los llanos orientales a causa de unos derrumbes generados por las intensas lluvias. Desde la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) han expresado su apoyo a esta ‘manifestación pacífica’ y han pedido al gobierno decretar “emergencia económica y ambiental”.
Así lo han dado a conocer los obispos de esta región, Óscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio y presidente de la CEC, y José Figueroa Gómez, obispo de Granada, quienes anunciaron las movilizaciones de este martes en las ciudades de Villavicencio y Granada, respectivamente, al tiempo que pidieron al presidente Duque “adoptar medidas que ayuden a mitigar el impacto que esta problemática está generando, no solo en los pobladores de la zona, sino también en la economía de la región y el país”.
Más adelante, según han reseñado medios como Caracol TV, el presidente no declaró la emergencia para el Llano como lo venían pidiendo diversos sectores, incluyendo la misma Iglesia, sino que decretó un conjunto de medidas como la reducción de peajes en las vías alternas y ha nombrado al viceministro de transporte, Manuel Gutiérrez, como gerente del proceso integral de atención del Gobierno a la situación de la vía al Llano.
Lo cierto del caso es que estas medidas contrastan con las peticiones de los prelados, quienes han recordado que el gobierno tiene “la tarea de analizar las implicaciones económicas y sociales que deja cada día el cierre de una de las carreteras clave para la conectividad en Colombia: la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio y une al centro del país con los antiguos territorios nacionales”.
Foto CEC