Una veintena de entidades de Iglesia – entre ellas la Conferencia de Religiosos de España (CONFER), el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública, la Fundación La Merced Migraciones y la Red interlavapies – han firmado un manifiesto ante las condiciones que VOX está poniendo para facilitar un gobierno en la Comunidad de Madrid.
El texto, que se centra en las condiciones del partido con respecto a la inmigración irregular, se titula ‘Salvemos la hospitalidad, otra vez’, haciendo referencia a la campaña que se llevó a cabo en 2013 cuando “el gobierno del PP quiso criminalizar” las actuaciones de las organizaciones, entidades y personas particulares que atendiesen a inmigrantes. Y esto es, según el manifiesto, lo que está haciendo VOX 6 años más tarde.
La hospitalidad es “un deber presente en todas las culturas, y en algunas, una seña de su identidad”, explica el documento. “Este deber ético, traducido incluso en forma de sanción cuando su omisión provoca riesgos para la integridad física del otro, está gravemente amenazado en la Comunidad de Madrid si prosperan las propuestas para un gobierno tripartito integrado por VOX, PP y Ciudadanos”, añade.
Criminalizar al inmigrante
El manifiesto destaca que a una “tendencia criminalizadora” de la inmigración irregular, por la cual se considera “a la persona que quiere sobrevivir desplazándose por el planeta como un peligroso delincuente”, se unen “las exigencias de negociación del partido VOX a quienes pretenden ser sus socios”.
Y es que, en cuatro puntos, VOX resume su política hacia la inmigración irregular. El primero, la colaboración con las Fuerzas de Seguridad por parte de “todos los organismos de la Comunidad de Madrid”, incluidos los relacionados con el ámbito sanitario, para identificar a “todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS”, es decir, los menores no acompañados.
Sobre esto, el documento destaca que ninguna persona migrante “está fuera de la ley” ni es, por el mero hecho de haber abandonado su país, un “delincuente”. “Sus vidas no quedan fuera de la legalidad”, subraya el manifiesto. Además, señala que la práctica de las identificaciones por “perfil étnico” ha sido “denunciada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas” y que aplicarla “con especial atención a los migrantes menores de edad, niños y niñas nacidos en otros países, suma a todo lo anterior la vulneración del interés superior que cualquier menor tiene frente a cualquier norma”.
De la misma manera, el texto recuerda que “Naciones Unidas ha condenado a España en este mismo año por la deportación sumaria de un niño no acompañado de España a Marruecos”, convirtiéndose este en el primer dictamen de la ONU que “certifica la ilegalidad de las llamadas devoluciones en caliente tan polémicas en nuestro país” y que “VOX impulsa”.
Recursos sanitarios
El segundo punto de las negociaciones se centra en que “los recursos de los madrileños no son infinitos”, por lo que se pretende “requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña”.
Esto es entendido por estas entidades de la Iglesia española como “exclusión sanitaria”, ante lo que subrayan que “nunca se ha acreditado el incremento del gasto que supone la atención sanitaria a las personas migrantes”. Sin embargo, “lo que afirma una investigación presentada en abril de 2018 por el Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra” es que, “en términos absolutos”, los últimos cambios en la cobertura sanitaria para los migrantes en España han supuesto “un incremento de 70 muertes anuales”, una cifra que “aumenta con el tiempo”.
Dejar a los inmigrantes sin ayuda
Los últimos dos puntos que VOX propone en la negociación son el de “suprimir las ayudas a inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal”, así como promover la ilegalización de organizaciones “que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal”.
Ante estas exigencias, las entidades señalan que “la hospitalidad no se puede perseguir ni criminalizar, y quien intente hacerlo está remando contra la Declaración de los Derechos Humanos, está remando contra los principios básicos de cualquier sociedad que pretenda reconocerse como democrática”.
Además, denuncian el hecho de que “aplicar un marco de duda sobre las personas que de manera solidaria ejercen el deber de la hospitalidad, colocando su comportamiento altruista como forma proscrita de promoción de la inmigración” tiene como consecuencia “poner en situación de ilicitud a miles de personas que acompañan, hospedan en sus casas y apoyan a personas sin papeles”.
Buscar un acuerdo no “racista”
De esta manera, “con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario”. Y es que, para estas entidades, el objetivo de VOX no es otro que el de “intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros con papeles para que nieguen toda forma de apoyo a las personas en situación irregular y se queden sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión de esta situación de precariedad absoluta, retornen a su país”, olvidando que el derecho a salir del propio país y de buscar asilo se recoge en la Declaración Universal del Derechos Humanos.
Finalmente, las entidades eclesiales invitan a “todos aquellos partidos cuya ideología respeta los derechos de todas la personas que viven en la Comunidad de Madrid” a buscar un acuerdo que proteja de “todas de las políticas xenófobas y racistas promovidas por VOX en su documento para la negociación de un gobierno en la Comunidad de Madrid”.
