“Estamos dispuestos a tener un diálogo para abordar la cuestión. Todo lo que sea sumar esfuerzos es bueno para todos. Si la Fiscalía se quiere poner en contacto, nosotros queremos iniciar esa colaboración, presentándoles nuestro futuro decreto para acoger sus aportaciones”. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, se posiciona de esta manera ante el informe de la Fiscalía General del Estado conocido esta semana en la que se calificaba como “deficiente” la respuesta de la Iglesia ante los casos de abusos sexuales y llama a una colaboración con los poderes públicos.
“Creemos que poder sentarnos, dialogar, escuchar y recibir sugerencias que nos puedan hacer es bueno. El deseo es contribuir al bien común a favor de las víctimas y para que no haya otras víctimas”, reiteró.
Petición de recepción del documento
El también obispo auxiliar de Valladolid señaló que “conocemos el informe de la Fiscalía a través de los medios. Desearíamos tener el documento completo para poder juzgarlo. En primer lugar, vemos que se dan unos datos sobre 2017 y 2018, que nos parecen un drama. Pero nuestra convicción es que los clérigos condenados son muy poquitos pero no lo sabemos”.
En este sentido, recordó que el informe del Ministerio Fiscal nace de una cuestión formulada por la ministra de Justicia, Dolores Delgado: “No nos pareció bien que solo se aborden los abusos en la Iglesia. No entendimos que la ministra solo preguntara sobre la Iglesia. Es justo y necesario que se pregunten sobre los abusos, que afecta a la sociedad en su conjunto”.
Reticencias para informar
“Vemos las reticencias de la Fiscalía para que informe al respecto porque se juzga a personas, no a sectores”, detalló en el transcurso de la rueda de prensa tras la celebración de la Comisión Permanente celebrada durante el martes y miércoles de esta semana. Precisamente en esta reunión, Argüello adelantó que se ha aprobado que la comisión antipederastia del Episcopado siga adelante y amplíe su equipo a “profesionales que vayan más allá de jurídico-canónico”. ¿Habrá víctimas? “Se ha hecho un llamamiento a renovar la comisión, pero no se ha ido más allá en los criterios. Podría ser. No lo afirmo ni lo niego”.
Sobre la hipótesis de que el Gobierno utilice esta cuestión como un ataque a la comunidad católica, el secretario general de los obispos planteó que “en el juego político, desgraciadamente y no solo en la relación con la Iglesia, hay demasiadas armas arrojadizas”.
Mirada al pasado
“Cuando se habla de opacidad en el informe del Ministerio Fiscal, no sé a lo que se refiere”, suscribió, a la vez que defendió el trabajo que viene haciendo tanto la Conferencia Episcopal como Escuelas Católicas. “Por nuestra parte existe un criterio firme que queremos cumplir. Nos preocupa lo referido al pasado para poder atender a las víctimas y prevenir el futuro“, comentó, a la vez que sentenció que “ya no aceptamos los comportamientos que pasan por mirar para otro lado o considerar que los trapos sucios se lavan en casa”.
Sobre la solicitud enviada a la Santa Sede para que dé vía libre a un decreto de obligado cumplimiento para toda la Iglesia española, Argüello reveló que “la Conferencia sigue adelante para tener ese decreto redactado y que pueda entrar en vigor lo antes posible. En esta reunión de la Permanente se ha dado cuenta a los obispos de los trabajos y puedo decir que están muy avanzados”.
“El solo hecho de su elaboración ya es un factor positivo porque está sirviendo para establecer unos criterios orientativos, en tanto que la Conferencia Episcopal no tiene potestad sobre las diócesis”, matizó, a la vez que subrayó la relevancia de la cumbre convocada a tres manos con CONFER y Escuelas Católicas. “Si no recibiéramos la aprobación de la Santa Sede, lo plantearíamos como un protocolo de orientaciones”, añadió.
