Convencido de que la Iglesia católica es “un referente para el acercamiento y la facilitación del proceso de diálogo” que mantiene el Gobierno de Costa Rica con las organizaciones sociales, el presidente del país, Carlos Alvarado, se ha reunido con el presidente del Episcopado y arzobispo de San José, José Rafael Quirós, para hacerle entrega de una amplia carta de respuesta a la agenda de 18 puntos con las demandas que el Encuentro Social Multisectorial (ESM) –movimiento que aglutina a sectores tan diversos como pescadores, sindicatos, agricultores, estudiantes o transportistas– le había hecho llegar a través del prelado.
Durante el encuentro mantenido en el arzobispado, el mandatario no solo le trasladó la voluntad del Gobierno de “establecer un diálogo respetuoso orientado a resultados con los diferentes sectores”, sino que se mostró “complacido de que tanto la Iglesia como la Defensoría de los Habitantes estuvieran en disposición de acompañar los espacios de diálogo ya existentes y aquellos que van a construir”. Así lo atestigua el padre Edwin Aguiluz, presente también en la cita junto a varios ministros, el obispo auxiliar, Daniel Blanco, y el padre Luis Alejandro Rojas.
En comunicación con Vida Nueva, el director nacional de Pastoral Social-Cáritas matiza que “no se ha solicitado la mediación eclesial”, porque tanto la Defensora de los Habitantes como el arzobispo han manifestado que “su papel sería el de observadores y testigos”. En carta fechada el día 5 –y dirigida a ambos, así como al EMS–, Alvarado llamó a conformar un equipo de trabajo conjunto con el Ejecutivo que defina la hoja de ruta para el diálogo. Tarea para la que ha reclamado la “presencia” de la Iglesia católica, a la que ha invitado a “enriquecer con los aportes oportunos para construir un mecanismo adaptado a la obtención de resultados fructíferos y acuerdos efectivos”, explica el P. Edwin.
Ayudar a entenderse
El EMS, por su parte, transmitió el día 8 al Gobierno su disposición a constituir el citado equipo, al que invitaron también a sumarse a la Iglesia católica y a la Defensoría de los Habitantes, cuya “presencia y aportes” consideran “enriquecedores para la propuesta”. En este sentido, “los obispos están dispuestos a colaborar en los términos mencionados –insiste el sacerdote–, es decir, como ayudantes en el entendimiento, como observadores y garantes de los acuerdos a los que se pueda llegar”.
Este proceso de diálogo tiene lugar después de las recientes protestas y bloqueos de carreteras, tensiones que escenifican las crecientes “fracturas sociales” y “hondas polarizaciones” que sufre el país “en torno a la inequidad, la crisis fiscal, la legislación sobre empleo público y huelgas, la educación, el abordaje de temas sensibles para una parte de los sectores religiosos, la grave situación socioeconómica de las zonas costeras, las políticas agrícolas y la crisis del empleo (14% de desempleo y 46% de empleo informal)…”, constata a esta revista el director nacional de Pastoral Social-Cáritas. (…)
