El pasado mes de enero, en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la calle Añastro de Madrid, se recibió una carta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. Dirigida al presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, en ella se instaba a la puesta en marcha de una comisión conjunta para abordar la revisión de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, así como para la reforma de su régimen fiscal.
Estos días lo ha recordado con un punto de irritación la remitente, quien, contrariada por las declaraciones del nuncio Renzo Fratini dejó entrever que la Iglesia católica no pagaba impuestos. Así, Calvo afirmó el 1 de julio que hacía ya tiempo que había transmitido al Vaticano y a la CEE que “España quiere que la Iglesia católica tenga el mismo nivel de fiscalidad que tienen en Italia, ni más ni menos”. “Ya tienen una propuesta mía mediante carta de hace tiempo ya, en la que les advertía de que teníamos que sentarnos ya, y lo que esperamos como Gobierno es que la fiscalidad de la Iglesia católica en España sea exactamente igual que la de Italia y la de Francia para contribuir al sostenimiento de las políticas sociales”, insistió.
Añastro consulta a la Santa Sede
En la Conferencia Episcopal no dan crédito a lo que han oído estos días por boca de la vicepresidenta en funciones. Como tampoco se lo dieron en enero a su carta. ¿Era eso lo que realmente había hablado en Secretaría de Estado el 29 de octubre, en la audiencia que por espacio de una hora y cuarto mantuvo con el cardenal Pietro Parolin?
Por eso, cuando en enero llegó la carta a Añastro, Blázquez se puso en contacto con la Secretaría de Estado, según ha sabido Vida Nueva de fuentes vaticanas. Y cuando se pregunta sobre el contenido de la carta de la vicepresidenta, la respuesta que dan desde el Vaticano es que lo que habló con el secretario de Estado “no es coincidente con lo que contiene la carta del Gobierno”.
