Manila (Philippines), 17/07/2019.- Protesters with signs against extrajudicial killings allegedly committed by police and military hold a rally outside Philippine police headquarters in Quezon City, east of Manila, Philippines 17 July 2019. Ahead of Philippine President Rodrigo Duterte's State of the Nation Address on 22 July, human rights advocacy groups held protests outside police and military camps to call for an end to killings wherein anti-illegal drugs operations and counter-insurgency measures are being used to justify cases of suspicious deaths. (Protestas, Filipinas) EFE/EPA/ROLEX DELA PENA
La Iglesia católica filipina ha acogido con satisfacción la decisión de Naciones Unidas de iniciar una investigación sobre los miles de asesinatos en el archipiélago relacionados con la lucha contra las drogas promovidos por el presidente Rodrigo Duterte. Según ha informado Asia News, el arzobispo auxiliar de Manila, Broderick Pabillo, esta investigación “ayudará a poner fin a los asesinatos extrajudiciales y garantizar la justicia a las víctimas y sus familias”.
Asimismo, el prelado ha instado al Gobierno de Duterte a que favorezca, “si no tiene nada que ocultar”, la investigación que llevará a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. “Si el Gobierno se considera libre de toda sospecha, debe permitir que esto sea comprobado por una autoridad externa”, ha subrayado, ya que, “si no lo hace, significa que tiene algo que ocultar”.
El pasado 11 de julio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó a favor de esta primera resolución sobre Filipinas, centrada en la violenta campaña antidrogas que se está llevando a cabo por parte del Gobierno. La petición, presentada por Islandia, obtuvo el voto favorable de 18 países. Entre los 14 en contra hubo China, mientras que 15 naciones, incluido Japón, se abstuvieron.
Según datos de la Policía Nacional de Filipinas, el número total de fallecidos ha ascendido hasta los han elevado el número 6.600, de los cuales 1.600 personas han muerto en los últimos seis meses. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales y diversos grupos de activistas por los Derechos Humanos aseguran que el número de víctimas real se sitúa entre 27.000 y 30.000.
El Gobierno ha criticado duramente la elección del organismo de la ONU, calificándolo de infundado y como una violación de la soberanía nacional. “Cuando potencias extranjeras quieren investigar los abusos contra los derechos humanos”, ha apuntado Pabillo, “el Gobierno reclama la soberanía, pero cuando se trata de defender nuestros territorios y nuestra gente de China, permanece en silencio”.