El obispo de Ciudad Juárez y responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), José Guadalupe Torres Campos, denunció hostigamiento, criminalización y obstaculización de las labores de asistencia a migrantes en algunas casas y centros de acogida.
Como muestra, puso los casos más recientes ocurridos en el Centro de Atención al Migrante Exodus, en Agua Prieta, Sonora, con la Guardia Nacional; la Casa del Migrante de Saltillo, con la Policía Federal; DHIA y Uno de Siete Migrando en Chihuahua, con la Fiscalía General del Estado.
Detalló que el hostigamiento lo ejercen miembros de diferentes dependencias, como la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación, al solicitar información que los albergues manejan de manera interna, para salvaguardar la vida de las personas en tránsito.
Dignidad, a cambio de un plato de lentejas
A través de un mensaje publicado en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Torres, lamentó que la dignidad de los migrantes, como personas e hijos de Dios, esté siendo vulnerada, “pues ha sido cambiada por un plato de lentejas”.
“México, sin una política migratoria efectiva, se ha sometido a los criterios e imposiciones del gobierno norteamericano, aceptando la incoherencia de unir negocios con el derecho y la necesidad de migrar, buscando la oportunidad de una vida mejor”, dijo.
Aseguró que si bien son necesarias las “decisiones valientes” para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se comercian con los Estados Unidos, esto nunca debe ser “en detrimento de la soberanía nacional, la dignidad y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, la solidaridad entre los pueblos y el trabajo por el bien común de los países necesitados de apoyo y desarrollo digno”.
La Guardia Nacional, una solución fallida
El obispo de Ciudad Juárez también se refirió a la seguridad nacional; al respecto, consideró que el despliegue de miles de efectivos de la Guardia Nacional en las fronteras es “una solución fallida para frenar la migración”.
José Guadalupe Torres recordó que “la Iglesia y la sociedad civil han defendido siempre la ‘no criminalización de las personas migrantes y de los defensores de derechos humanos’ que luchan a favor de la dignidad, a contracorriente y con riesgos importantes para su propia seguridad e incluso su vida”.
“La Iglesia está convencida de que es necesaria y urgente una justa política migratoria que, por un lado, garantice un ordenado, responsable y regulado libre tránsito de personas, y que vele por los intereses legítimos de nuestra nación”, añadió.
El CELAM se solidariza
En este contexto, Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), expresó su solidaridad con los obispos de las Conferencias Episcopales de Guatemala, El Salvador y México, quienes “nos comparten su preocupación por la situación de nuestros hermanos y hermanas migrantes, y las difíciles situaciones que tienen que enfrentar en la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus familias”.
De igual modo –dijo– “reafirmamos nuestra preocupación por la gravísima situación de quienes se encuentran en los Estados Unidos; en primer lugar, los que están en peligro de ser expulsados, separados de sus niños o en la frontera en condiciones verdaderamente inhumanas”.
