Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, ha enviado un mensaje a los católicos de la diócesis ante la “confusión” creada “alrededor de la postura de la Iglesia en torno a la Ley Integral para Personas Trans”, así como al referéndum para su derogación. “Es una realidad que las personas trans han sido históricamente de los grupos más discriminados por su condición, lo que genera un gran dolor”, afirma el arzobispo. Ante esto, ha declarado que quienes “sufren” siempre “contarán con el apoyo y el acompañamiento de la Iglesia”.
Asimismo, Sturla ha aclarado su posición ante el referéndum: si bien está “en contra de varios artículos de la ley porque están basados en la ideología de género” – ante la cual “solo cabe una antropología cristiana” – considera que esta normativa “ampara a un pequeño grupo de personas que han sido discriminadas”. “Ellas merecen por esta situación ser tenidas especialmente en cuenta”, subraya.
“Creo que cada católico con madurez y libertad decidirá lo que le parezca más oportuno”, recalca en el comunicado. “Por mi parte, entiendo que hay que buscar otros caminos para poder cambiar los artículos de la ley que significan una toma de postura ideológica del Estado, y, al mismo tiempo, atender y reparar la situación de discriminación que han sufrido las personas trans”, añade.
La Iglesia caldea ha reafirmado de forma oficial su desaprobación y su total desvinculación de los grupos armados conocidos en Irak como las ‘milicias cristianas’. Lo ha hecho el Patriarcado caldeo por medio de un comunicado enviado a la Agencia Fides, donde se pone de manifiesto que la sola idea de formar parte de milicias armadas “contradice la espiritualidad cristiana”, cuyo centro es fomentar el “amor, la tolerancia, el perdón y la paz”.
El Patriarcado caldeo se ha manifestado así ante el creciente deseo de los jóvenes cristianos iraquíes de formar parte de la defensa de su país, algo que surge con mayor fuerza en la región del Kurdistán iraquí. Además, este pronunciamiento por parte de la Iglesia caldea muestra, además, su aprobació al decreto emitido el pasado 1 de julio por el primer ministro de Irak, Adel Abdul Mahdi. En él, se establece que las milicias paramilitares debían cerrar sus oficinas urbanas y elegir entre operar como grupos armados o transformarse en fuerzas políticas.
“Nos impidieron ofrecer lo poco que podíamos dar, en lugares donde nadie se preocupa por la población, ni siquiera el Estado. Si el Gobierno también nos obliga a cerrar las escuelas, nuestros sacerdotes y religiosas encontrarán una forma de sobrevivir. Pero, ¿cómo lo hará la gente?”. Estas palabras, recogidas por Vatican News, son el testimonio de una fuente cercana a la Iglesia eritrea, durante una conversación con Ayuda a la Iglesia necesitada, que además denuncia que todo lo que ocurre en el país parece suceder ante la indiferencia del mundo.
Y es que, durante las últimas semanas, se han llegado a cerrar 22 centros de salud dirigidos por congregaciones religiosas o diócesis católicas. Una acción que el gobierno de Eritrea ha amparado en una ley de 1995 por la que el Estado debe ser el único gestor de las obras sociales, lo cual ha llevado también al cierre de centros educativos. A pesar de esto, la situación de la Iglesia ortodoxa es distinta, ya que, desde hace más de 10 años cedió a la imposición de entregar todas sus obras al Estado. De hecho, los sacerdotes ortodoxos reciben un salario por parte del gobierno, algo a lo que los católicos se niegan. “Nuestra Iglesia es la única voz independiente y por esto molestamos mucho a las autoridades. Pero si eliminan nuestra presencia, ¿quién pensará en el pueblo eritreo?”, añade la misma fuente.