El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Panameña ha expresado hoy, por medio de un comunicado, su “preocupación” ante el debate que se ha abierto en torno a la posibilidad de reformar las leyes migratorias en Panamá. Un país que, tal como destacan los obispos, “ha sido históricamente un país de tránsito, conformado por migraciones, unas forzadas y otras animadas por la búsqueda de una mejor calidad de vida”.
Esta realidad con la que ha convivido Panamá a lo largo de su historia, lo ha conformado como un país que “siempre ha mantenido sus brazos abiertos para recibir a personas de todo el mundo”. Por este motivo, los obispos han expresado su preocupación ante la posibilidad de que “este espíritu de solidaridad y fraternidad” pueda perderse en un momento crucial como este, en el que, por el contrario, “debe fortalecerse”.
“Los migrantes no son una amenaza”, han subrayado los obispos, sino “personas que están buscando mejores condiciones de vida a causa del desplazamiento forzado, la trata humana, la violencia, la pobreza, la persecución política y el terrorismo”. Asimismo, han destacado que a estas personas no se las puede hacer responsables “de los males sociales que nos afectan como país”.
“Crecer en fraternidad”
Los miembros de la Conferencia Episcopal panameña han insistido, además, que la realidad migratoria que atraviesa la región requiere que se busquen “caminos de encuentro, de diálogo y de paz”, que hagan “crecer en fraternidad y solidaridad” a todo el país.
“Somos conscientes de la necesidad de una política migratoria integral del estado panameño, que respete los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados”, han apostillado. Un enfoque político que “exige un análisis a partir de datos oficiales, de la revisión de leyes y decretos vigentes sobre migración, para adoptar políticas públicas migratorias que garanticen la paz, la solidaridad con los desvalidos, la seguridad y el respeto mutuo entre todos los habitantes de nuestro país”.
La preocupación de los obispos surge de la presentación, el pasado 9 de julio, de un anteproyecto de ley cuyo objetivo es modificar el Decreto Ley 3 del 2008 sobre el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Dentro de los cambios, se contemplan la revisión de visados y categorías para entrar en el país, así como otras iniciativas como deportar a los extranjeros que expresen públicamente ofensas o insultos hacia Panamá. Esta última propuesta, recogida en el artículo 13, finalmente será retirada por las múltiples quejas que ha provocado.
La diputada Zulay Rodríguez, encargada de presentar el proyecto, ha reconocido que se trata de una propuesta “rígida”. Pero no es la primera vez que lo hace, ya que intentó que entrase a debate en 2015, 2016 y 2017, años en los que las condiciones del Decreto Ley sobre Migración no fue discutido. Sin embargo, en 2019 sí ha sido aceptado.
