A pesar de continuar, después de las pasadas elecciones generales y del fracaso de las negociaciones, sin poder asegurar que el PSOE gobernará nuestro país durante la próxima legislatura, Pedro Sánchez continúa con la que parece haber sido la bandera de su mandato: acabar con todo enaltecimiento al dictador Francisco Franco. En esta ocasión, en forma de nueva normativa por la que los socialistas proponen modificar la Ley de Memoria Histórica para garantizar el adecuado recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en lugar que a la figura de Franco.
Como propuesta de ley, no exige hacer una consulta al Consejo de Estado y, con el apoyo de Unidas Podemos, con quien el PSOE suma mayoría en el Congreso, podría salir adelante si finalmente se asientan en el gobierno y no se tiene que proceder a la disolución de la Cámara el próximo mes de septiembre.
La proposición comienza con reconocer la necesidad de colaboración entre los distintos organismos públicos para buscar a los desaparecidos, así como fijar la fecha del 31 de octubre como el “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura”. Asimismo, en la modificación de la Ley de Memoria Histórica, se reconoce que “el Valle de los Caídos es un cementerio civil”, además de un “lugar de memoria de las víctimas”, por lo que “en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”.
El fin de las celebraciones en memoria de Franco
Tampoco podrán realizarse, en espacios abiertos al público, actos “de exaltación, enaltecimiento o conmemoración del golpe militar de 1936, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil española, de la Dictadura franquista, o del dictador Francisco Franco”. De esta manera, de salir adelante la nueva normativa, las celebraciones de cada 20 de noviembre – aniversario de la muerte de Franco – que se llevan a cabo en el Valle de los Caídos “por las almas” del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, constituirían una “infracción muy grave”.
En cuanto a la exhumación y destino de los restos de Franco, se establece que estos “no podrán ser ni permanecer inhumados en ningún lugar de acceso público que, con independencia de su titularidad, pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación”, imposibilitando, así, la inhumación del dictador en la Almudena. “A tal efecto, el Consejo de Ministros podrá ordenar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco y su inhumación en un lugar que reúna las condiciones adecuadas para impedir la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración. En todo caso, se asegurarán unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto”, asevera el documento.
La nueva ley contempla también como una infracción “el mantenimiento de simbología de exaltación de la dictadura franquista” en lugares públicos, pudiendo acarrear, todo esto, sanciones de carácter económico o “cuando proceda, de sanciones no pecuniarias”. Ejemplo de ello sería el “cierre temporal”, de entre seis meses y dos años, de la dictadura, de Franco o de la Guerra Civil. Además, también se especifica que este tipo de infracciones podrían acarrear “la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas”, así como la devolución de la cuantía percibida durante los cinco años anteriores.
Reconocer los lugares de memoria
Sin embargo, todas estas disposiciones podrían chocar con el mismo escollo que se han encontrado desde el momento que se intentó exhumar a Franco: que la basílica del Valle de los Caídos es un lugar sagrado “inviolable” por el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede. A pesar de ello, el Gobierno pretende determinar, mediante Real Decreto, “el nuevo marco jurídico que ha de regir el Valle de los Caídos”. En cuanto a la Fundación de la Santa Cruz del Valle los Caídos, la ley contempla que “seguirá ejerciendo sus funciones hasta que entre en vigor el Real Decreto que determine el nuevo régimen jurídico del Valle de los Caídos”.
De la misma manera, el Gobierno contempla, con esta normativa, reconocer los llamados “lugares de memoria histórica”, es decir, aquellos en los que se hayan desarrollado “hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva”. Así, el objetivo que establece es que la Administración General del Estado promueva “la instalación de placas explicativas en los lugares de memoria”, señalizando, además, “un punto de reconocimiento de las personas fallecidas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos”.
Y, en cuanto a hacer prevalecer esa memoria de lo acontecido en España durante más de 40 años, la propuesta de ley subraya también la necesidad de incidir en la educación y la sensibilización, así como en desarrollar un protocolo de atención a las víctimas y sus familias. Asimismo, el gobierno de Sánchez pretende suprimir todos los “títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1977, así como de concesión posterior, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura”.
