Hace menos de un año, cinco religiosas se atrevieron a denunciar que Franco Mulakkal, obispo de Jalandhar, en Punjab (India), había abusado sexualmente de ellas. Si entonces el panorama parecía oscurecerse para el prelado, menos de 12 meses después es evidente que las principales damnificadas de esta denuncia son las presuntas víctimas.
Especialmente significativo es el el caso de la religiosa Lucy Kalappura, que no dudó en apoyar públicamente a las hermanas y quien días atrás, incluso, ha sido expulsada de su congregación, las clarisas franciscanas. La acusación de sus hermanas de comunidad, que no han dudado a la hora de ponerse del lado del obispo, es que su hasta ahora compañera llevaba una vida “poco acorde” con su condición religiosa. Algo que, como ella misma ha relatado en una entrevista en ‘Outlook’, han basado en “una carta de 20 páginas sobre mis ‘fechorías’, de las que la mayoría son mentiras. ¿Es un delito escribir poemas, hablar en canales de televisión y conducir un automóvil?”.
Petición a la policía
Quien no ha dudado en apoyar a la monja (ha reclamado a la Santa Sede contra la decisión de su comunidad) es la Comisión Nacional de la Mujer (NWC), que, este 21 de agosto, ha exigido a la policía local de Kerala que detenga a todos los que estos días están atacando a Lucy Kalappura.
A juicio de la entidad, todo forma parte de una gran campaña de intoxicación mediática desatada por un sacerdote local, Noble Thomas Parackal, que sería quien habría subido un vídeo difamatorio en YouTube en el que difunde una imágenes de Kalappura entrando a su comunidad acompañada de dos periodistas. Más allá del prejuicio en ver algo nocivo en este simple hecho, lo que el presbítero habría omitido intencionadamente es que también había una tercera periodista, y mujer.
Como concluye la Comisión Nacional de la Mujer, que asesora al Gobierno federal indio, “estos actos son tácticas para presionar a la víctima para que retroceda”.
