La frontera colombo-ecuatoriana está colapsada, habidas cuentas de la solicitud de visa a ciudadanos venezolanos que entró en vigor desde este 25 de agosto. Ante esta situación el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) de América Latina y el Caribe, junto organizaciones eclesiales y sociales del continente, se han pronunciado ante estas medidas que consideran ‘impuestas’ por parte del gobierno ecuatoriano a través de un comunicado.
“Expresamos nuestra preocupación ante la decisión adoptada por el Estado del Ecuador de requerir a las personas venezolanas la presentación de una visa temporal de excepción por razones humanitarias, para acceder a su territorio. La misma establece requisitos de difícil o imposible cumplimiento para la mayoría de personas venezolanas”, han denunciado.
Contradicciones de fondo
Según cifras del Alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Ecuador ha recibido a alrededor de 263.000 personas hasta junio de 2019, de los cuatro millones que han abandonado Venezuela, esto equivale al ingreso de 3.000 personas diariamente por el paso fronterizo en el puente internacional de Rumichaca, en la provincia de Carchi al norte del país.
Desde el SJR y sus aliados han recordado que el tipo de visa que impone el Ecuador a personas venezolanas no es una respuesta nueva en la región, es una tendencia regional que sus pares de Perú y Chile iniciaron, por tanto estas medidas restrictivas “contradice los compromisos políticos a los que los mismos Estados se comprometieron por medio del Proceso de Quito”, que en su momento fue “una iniciativa multilateral iniciada bajo el liderazgo del Ecuador y donde distintos países asumieron, entre otros, el compromiso de buscar mecanismos de regularización migratoria”.
Misión imposible
Asimismo las organizaciones de migración, trata y refugio que suscriben este manifiesto han expresado que los venezolanos se han visto forzados a migrar ante la gravedad de crisis política, económica, social, institucional y de derechos humanos por la que este país, por lo cual este visado que implementa Ecuador tan sólo busca “impedir que las personas venezolanas con necesidad de protección internacional puedan ingresar al territorio ecuatoriano o acceder a los procedimientos de asilo”.
No se trata de consideraciones temerarias, por el contrario se sustentan en hechos evidentes como la imposibilidad de tramitar documentos oficiales que tienen los venezolanos en su país de origen como es el caso del pasaporte y la apostilla de los antecedentes penales. Ecuador no toma en cuenta estas dificultades que experimentan las personas y, en consecuencia, “pone en riesgo otros derechos fundamentales como la vida, libertad e integridad de quienes se ven forzados a abandonar Venezuela”.
A estos requisitos – imposibles de tramitar a causa del colapso de servicios públicos, falta de transporte y ausencia de funcionarios públicos– se le suma la medida de tramitar la visa en las oficinas consulares de Caracas, Bogotá y Lima. “La imposición de requisitos de imposible cumplimiento para acceder de manera regular al territorio genera que la población migrante y refugiada opte por canales y vías de acceso irregulares”, han acotado.
Foto: El Espectador
