Los obispos de Pastoral Social habían advertido sobre el grado de desigualdad social en el país
“Solicitamos al Estado Nacional disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional”. Con este pedido, el equipo de Pastoral Social emitió una declaración para subsanar el incremento de la pobreza y la desocupación.
La exigencia se centra en el aumento indiscriminado de los precios de la canasta básica, y las dificultades que tienen los más vulnerables para acceder a estos alimentos.
Reconocen que aunque el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no resulta suficiente “para paliar las deficiencias de este tiempo”.
Según la Comisión, “es urgente implementar una Canasta Básica de Primera Infancia con productos esenciales que puedan ser distribuidos gratuitamente y/o a costo subsidiado para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, y los cuidados de calidad de niñas y niños…”. El pedido incluye no sólo productos alimenticios y nutrientes, sino también medicamentos, y hasta pañales.
Este reclamo se hace extensivo para las organizaciones que trabajan brindando un servicio alimentario: “comedores, huertas escolares, comunitarias y familiares, emprendimientos de la agricultura familiar y social”, para quienes se solicita -y de manera urgente- aumentar el presupuesto que se les destina para garantizar la equidad y la calidad federal de los servicios de asistencia alimentaria y nutricional.
Guiados por las palabras del Papa Francisco, recuerdan que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad, y que son necesarias políticas eficaces… que aseguren a las personas –iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales– el acceso a los bienes, de modo que todos tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente como personas.
Alientan a las comunidades y a Cáritas, a ser “artesanos de fraternidad y solidaridad”, porque -como dice la canción Jesús Eucaristía- ‘No es posible morirse de hambre en la Patria bendita del pan’.