El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no ha realizado ninguna mención expresa a la Iglesia en los 45 minutos que ha dedicado esta misma mañana a la presentación de su ‘Propuesta Abierta para un Programa Común Progresista’. Entre su paquete de 370 medidas para la España que busca dibujar el PSOE se recoge la denuncia de las inmatriculaciones hechas por la Iglesia, pero ni rastro de otras polémicas frecuentes como la denuncia de los Acuerdos, la revisión de la fiscalidad de la Iglesia, la situación de la asignatura de Religión o de los conciertos educativos.
“Recuperaremos los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia y llevaremos a cabo una revisión de las operaciones que se han basado en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”, reza el punto 222, único apartado en el que se nombra expresamente a la institución.
Hace un año, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, confirmó que el Gobierno estudiaría recuperar los bienes inmatriculados por la Iglesia. Sin embargo, los socialistas no incluyeron esta iniciativa en su programa electoral para las elecciones del 28 de abril. La propuesta sí estaba en el programa de Podemos y en el documento que presentaron al PSOE en agosto para un gobierno de coalición.
Por otro lado, desde la visita al Vaticano de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para conversar con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, se ha venido hablando sobre la revisión de la fiscalidad de la Iglesia, amén del inusual desmentido de la Santa Sede tras las declaraciones de la ministra sobre la posición vaticana en cuanto a la exhumación de Francisco Franco. Una fiscalidad que, como recalcó ayer en los micrófonos de COPE el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, no supone “privilegio” alguno.
Pese a que en materia fiscal detalla 20 prioridades, entre ellas, no está la revisión de exenciones impositivas como el IBI o cualquier otro impuesto sobre los que la Iglesia recibe el mismo trato que cualquier otra institución social.
Aunque en campaña electoral también aluden con frecuencia a la revisión de los Acuerdos con la Santa Sede, esta vez, Sánchez ha apostado por evitar la cuestión.
Religión y educación concertada
Lo mismo ocurre con la reiterada propuesta de sacar la asignatura de Religión del aula o minimizar la presencia de la educación concertada. Y es que Sánchez, en sus 34 medidas educativas de urgencia encuentra otras prioridades.
Por su parte, el presidente en funciones apuesta por la aprobación de “una Ley sobre Libertad de Conciencia. Favoreceremos, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa, así como un seguimiento de su evolución, estableciendo medidas para su prevención y erradicación”.
Sobre otras cuestiones que de alguna u otra manera atañen a la Iglesia, Sánchez sí ha vuelto a hacer hincapié en su intención de legislar “el derecho a la eutanasia y la muerte digna”. “Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida. Para ello, impulsaremos una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud”, recoge el paquete de medidas.
En línea con Francisco
Sin embargo, hay puntos de coincidencia entre los católicos y el futurible Gobierno socialista. Y es que la realidad es que ambos muestran su negativa a los vientres de alquiler. “La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso, actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”, explican.
Asimismo, la emergencia climática –denominada así en el documento– está en consonancia con la denuncia del Papa en la encíclica ‘Laudato sí’. Eso sí, en materia de migraciones, se limitan a recoger que promoverán “una política europea de inmigración justa y solidaria, que respete los derechos fundamentales y garantice las libertades y principios de la Unión Europea”. Pero no da respuesta a la promesa de acabar con las concertinas que impresionaron a Francisco en su entrevista con Jordi Évole.
