Miguel Ángel Hurtado, primer denunciante público de casos de pederastia en la abadía de Montserrat, sostiene que “existen serias dudas sobre la validez” de las conclusiones del informe de abusos hecho público hoy por la propia comunidad benedictina. Él denunció en enero de 2019 los abusos que sufrió a finales de los noventa, cuando tenía 16 años, por el monje Andreu Soler, quien fuera responsable durante cuarenta años del grupo de scouts de la Abadía, hasta que fue desterrado en 2000 al monasterio del Miracle, tras ser acusado de cometer abusos.
El también portavoz de la asociación de víctimas de pederastia clerical Infancia Robada basa sus dudas en el informe interno “no independiente” en que las cifras de víctimas y agresores “no resultan creíbles”. “La comisión escogida a dedo por el Abad Soler ha carecido en todo momento de credibilidad, legitimidad e independencia y por tanto también sus conclusiones”, indica.
Para el denunciante, “Montserrat sigue priorizando mantener su poder, prestigio y patrimonio por encima de los derechos de las víctimas”. Y recalca: “Una vez más se demuestra que la Iglesia católica es incapaz de investigarse a si misma. Solo la justicia civil puede hacerlo”. Por este motivo, considera “urgente una reforma ambiciosa del Código Penal para que el cómputo del plazo de prescripción comience a contar a partir de que la víctima cumple cincuenta años”.
Pide la dimisión del abad
Hurtado pide también la dimisión del actual abad, Josep María Soler, “por respeto a la dignidad de las víctimas”. “Un abad encubridor no puede ser buen pastor. Como el mismo ha reconocido, durante veinte años no denunció al pederasta a la justicia, no abrió una investigación canónica, no informó al Vaticano de los hechos y no hizo el menor esfuerzo para intentar encontrar otras víctimas del agresor”, sostiene.
Asimismo, la víctima denuncia que la Abadía, “en vez de encargar una investigación externa e independiente para esclarecer la verdad, dirigida por un jurista de reconocido prestigio, sin conexiones con la Iglesia, que investigara los hechos y con la potestad de elegir a su equipo; decidió encargar una auditoría interna”. Del mismo modo, crítica que en la citada comisión no se incluyera a víctimas y comparte sus “dudas razonables” sobre la destrucción correos electrónicos enviados por posibles víctimas, puesto que “en todo momento ha estado gestionado por un monje”.
Para Hurtado, “la comisión no conseguido los objetivos que se marcó ni ha realizado un informe de calidad”, ya que “seguimos sin saber cuántas víctimas y agresores ha habido en Montserrat; durante cuánto tiempo se han cometido los abusos y que tipo de agresiones han sufrido las víctimas”. “Tampoco se han esclarecido si ha existido encubrimiento y en que grado –ha continuado–. Aún desconocemos que sabían los responsables de la Abadía de Montserrat, desde cuando lo sabían y que hicieron o dejaron de hacer al respecto”.
