Ivan Jurkovic, representante de la Santa Sede en Ginebra, donde es observador permanente de Naciones Unidas, se ha posicionado con las voces que exigen diálogo y justicia en Nicaragua, tal como relata Fides. Y es que, durante la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua, el arzobispo ha señalado que el Vaticano “ha seguido con gran atención la situación sociopolítica” del país y, por ello, considera que “las disputas pendientes deben resolverse lo antes posible, siempre respetando los derechos humanos fundamentales y los principios consagrados en la constitución del país”.
“La Santa Sede cree firmemente que es esencial implementar los acuerdos alcanzados en marzo pasado, volver de inmediato a negociaciones abiertas y mutuamente respetuosas y llevar a cabo, lo antes posible, las reformas necesarias para la celebración de elecciones libres y transparentes con la presencia de observadores”, añadió Jurkovic ante la presidenta de la Cámara, Michelle Bachelet.
Asimismo, el prelado recalcó que, para facilitar la armonía social en el país y construir una base para “un futuro estable de paz y prosperidad”, la Santa Sede recomienda que “los diversos actores políticos y sociales, con un renovado espíritu de responsabilidad y reconciliación, encuentren juntos un solución que respete la verdad, restaura la justicia y promueve el bien común”.
La libertad de expresión, en peligro
Por su parte, Bachelet aprovechó el encuentro para presentar su informe sobre la situación de Nicaragua: “una violación continua de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales y la falta de garantías de las principales libertades de un pueblo demócrata”.
“No es posible arrestar a una persona por cantar el himno nacional u ondear la bandera nicaragüense en una plaza o calle pública“, dijo Bachelet, denunciando los peligros que atraviesa la libertad de expresión en el país. “Se están cerrando medios independientes y la confiscando equipos, incluso se ha llegado a la detención de periodistas nacionales durante meses”, añadió.
Al concluir su informe, Bachelet aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) continuará con su labor de observación a la situación del país, así como “buscando espacios de diálogo con la dictadura nicaragüense para encontrar lo antes posible una solución a la crisis desatada desde abril de 2018″.