En una campaña electoral de alto riesgo en Colombia de cara a escoger sus autoridades departamentales, municipales y locales, y que a la fecha van 6 candidatos asesinados, la Iglesia del Chocó, en la costa pacífica del país, uno de los departamentos más golpeados por la violencia, ha expresado su preocupación frente a estos comicios. Así lo han manifestado en un comunicado conjunto las autoridades eclesiales: Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina –Tadó, Hugo Alberto Torres, obispo de Apartadó, y Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.
La situación en esta región es de tal gravedad que los prelados han denunciado tajantemente que han comprobado que “los excesos en publicidad, alimentación y viajes que rodean las campañas políticas tienen como trasfondo financiadores comprometidos con el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y diferentes economías ilícitas”.
En este sentido han recomendado a los candidatos promover campañas austeras y transparentes, porque “las campañas políticas son indicadores de lo que será la administración pública” y es necesario que sean desprovistas de prácticas y apariencias de suntuosidad”.
Crisis reconocida por el Estado
La crisis humanitaria, económica, social y ambiental en el Chocó es de reconocimiento oficial – así han dicho los obispos – mediante el Decreto Presidencial 749 del 2018, por tanto “esta situación ha sido denunciada en diversas ocasiones por organismos defensores de derechos humanos, organizaciones sociales y etnicoterritoriales, y la Iglesia Católica”.
En este sentido, en un fuerte llamado a las autoridades gubernamentales en ejercicio, han señalado que “no sirven los discursos defensivos que pretenden desconocer la realidad difícil del departamento, tratando de justificar situaciones de sufrimiento humano y negándose a asumir el compromiso en torno a cambios estructurales”.
Servidores del bien común
“Es absolutamente necesario aspirar a gobernar con perspectivas de paz”, es el llamado que hacen los obispos a los candidatos, al tiempo que recomiendan no convertirse en dispensadores de dádivas para el pueblo, “sino servidores del bien común en un territorio en el que afros, indígenas y mestizos han sido vulnerados en sus derechos humanos y en el Derecho Internacional Humanitario”.
Para ello es necesario que presenten un programa de gobierno con “propuestas verdaderas, concretas y realizables” y que “pueda ser verificado en el tiempo y en las obras”.
Ciudadanos con madurez política
A la población en general han pedido madurez política en el ejercicio de su derecho ciudadano a través de la veeduría para exigir “respeto de parte de sus gobernantes a través de la veeduría y la práctica de verdaderos ejercicios de rendición de cuentas” como hacer frente a los discursos demagógicos y populistas: “deben ser objeto de todo rechazo popular”.
“Los ciudadanos políticamente maduros no venden su voto, no permiten que los gobernantes despilfarren los recursos públicos y no caen en la trampa de la indiferencia cívica”, han indicado.
Foto: CEC
